El gobierno de Bolivia dijo el martes que los 72 contratos de riesgo compartido firmados en la última década con empresas petroleras extranjeras perdieron vigencia y que no le molesta las críticas a la nueva política energética. Mientras transcurre la transición, el gobierno del presidente Evo Morales toma con tranquilidad algunas opiniones negativas sobre la nacionalización expresadas por empresas y gobiernos extranjeros, añadió. "Los contratos ya no existen. Las compañías están trabajando sobre la base del decreto en materia de tributación, en una especie de transición hasta que firmen nuevos contratos", dijo el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, enun encuentro con la prensa internacional. "La respuesta era esperada, era obvio que (el presidente de Repsol-YPF, Antonio) Brufau manifestaría su tristeza, de la misma manera que el pueblo boliviano expresa su regocijo", agregó. El ministro anunció además que en dos meses estarán concluídas auditorías especiales a todas las empresas como punto de partida para la negociación de los nuevos contratos, que deberán estar suscritos a fines de octubre de acuerdo al plazo de 180 días dado en el decreto de nacionalización anunciado el 1 de mayo. Para esas auditorías, ya iniciadas, Bolivia espera recibir asistencia de Noruega, Dinamarca y posiblemente Holanda, agregó, optimista de cumplir el plazo de seis meses para la puesta en vigencia de nuevos contratos. Hasta entonces, ratificó, las empresas petroleras seguirán operando bajo el mandato de entregar toda su producción a la estatal YPFB y recibir a cambio un mínimo de 18 por ciento y un áximo de 50 por ciento del valor de la producción. "Si no están de acuerdo y se van, simplemente no pueden seguir operando en el país", señaló el ministro, ratificando que sólo en esa "última instancia" Bolivia podría considerar el pago de una "indemnización justa" a las petroleras que no firmen nuevos contratos. Pero la indemnización no es lo que la prioridad del
gobierno, remarcó.
gobierno, remarcó.
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