Con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el Gobierno espera recaudar 320 millones de dólares adicionales a los que recibía antes de esa medida, que desde ayer incrementa el aporte de la producción de los campos San Alberto y San Antonio a 82 por ciento. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, aseguró ayer que con estos ingresos, las arcas del Estado recibirán 780 millones de dólares de este sector, del que se captaban 460 millones hasta ayer. La medida impositiva será transitoria, ya que el decreto también establece que el Ministerio de Hidrocarburos hará auditorías a las petroleras para “determinar” cuánto invirtieron, “caso por caso“. Los resultados de estas auditorías que se harán en seis meses permitirán que el Estado determine la nueva retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los nuevos contratos que se firmarán, según la norma petrolera. Las empresas petroleras que tienen participación en estos campos son la Petrobras, Repsol YPF y Total que deberán pagar el 82% de lo que reciban para el Estado y además del 18 por ciento restante tendrán que hacer un aporte de otros impuestos hasta 10% que establecen las leyes bolivianas para el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Según fuentes petroleras, la medida es confiscatoria, ya que inviabiliza a la producción de los campos, porque la presión tributaria es muy alta y las compañías se quedan sin ganancias.
Fuente: Diario La Razón de Bolivia
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