La impresionante movilización criminal de una red de delincuentes en San Pablo, siguiendo el camino emprendido por la delincuencia en Río de Janeiro, constituyó un nuevo síntoma del deterioro del poder estatal en, por lo menos, las dos principales ciudades de Brasil. Pero la reacción policial, que se declaró abiertamente "en guerra" con los delincuentes, y el subsiguiente operativo de represalias en el cual todo indica que se cometieron violaciones a la ley, es quizá un signo más inquietante.
Por otra parte, es conocido desde hace tiempo que la delincuencia ha logrado la complicidad de cuerpos de guardiacárceles y se han producido numerosos testimonios de connivencia del narcotráfico con fuerzas de seguridad. También se han dado casos de personajes vinculados al juego clandestino y al narcotráfico que han logrado escalar posiciones legislativas.Todo esto habla de una progresiva penetración del delito en diferentes instancias del Estado, que amenaza su capacidad de regulación social. La respuesta a esta situación no puede estar por encima de las prescripciones legales porque, de ese modo, se fomenta la ley de la selva que es, en última instancia, lo que intenta imponer la delincuencia.
Se trata, por otra parte, de una amenaza que afecta no sólo a Brasil sino, en mayor o menor medida, y bajo diferentes formas, a diferentes países de Latinoamérica.Los ataques al Estado deben responderse dentro del imperio de la ley, como parte de un programa para revertir las situaciones sociales que favorecen la expansión y consolidación de la delincuencia en los grandes centros urbanos.
La amenaza de la delincuencia y la irregular respuesta policial constituyen un doble desafío para el Estado brasileño. Responder al delito al margen de la ley instaura la ley de la selva que promueven los delincuentes.
Fuente: Editorial diario El Clarín de Buenos Aires
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