El presidente de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, Antonio Brufau, dijo ayer que espera llegar a un “buen acuerdo” en Bolivia, donde la empresa negocia con el gobierno de Evo Morales los términos de la nacionalización de los hidrocarburos, pero precisó que, en caso contrario, acudirá a los tribunales para defender los intereses de los accionistas. “Tenemos la opción de ir a los tribunales”, afirmó en la presentación de resultados trimestrales de su compañía, cuyo beneficio neto por sus actividades en todo el mundo llegó a 1.034 millones de dólares. Más tarde, en la ciudad española de Tarragona, se mostró dispuesto a negociar y alcanzar un acuerdo "para adaptar las empresas a la nueva legislación", aunque enfatizó que, caso contrario, acudirán "a los tribunales internacionales a defender los intereses de Repsol". Sostuvo que el decreto de nacionalización puede acarrear a Bolivia la pérdida de "millones de dólares" anuales en inversiones de las petroleras internacionales. Según su criterio, esa medida no alienta a las compañías a "hacer inversiones", pues éstas no tienen "las reglas del juego claras". Además, recordó que las reservas gasíferas bolivianas requieren anualmente de "muchos millones de dólares" en inversiones que ahora se podrían perder y que tendría que asumir el Gobierno de Bolivia, algo que, aventuró, "no será un camino fácil".
El presidente Evo Morales decretó el 1 de mayo la nacionalización de los hidrocarburos con la ocupación militar de campos y refinerías. También conminó a las petroleras a firmar nuevos contratos en 180 días o a irse del país, medida que afecta a Andina, filial de la Repsol-YPF. Al día siguiente, la empresa ya advirtió, en un comunicado, que emprenderá "todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar el empleo" de sus trabajadores en Bolivia. Morales indicó ayer en Viena que no habrá indemnización para las empresas afectadas por la nacionalización, y añadió que "son las compañías las primeras que no respetan las normas bolivianas", ya que no pagan impuestos, "son contrabandistas" y hay 70 contratos de firmas que son "inconstitucionales".
La empresa española enfrenta denuncias judiciales en Bolivia, por los presuntos delitos de evasión fiscal y contrabando. Sobre las relaciones de la petrolera con el Gobierno boliviano, Brufau se mostró dispuesto a negociar y alcanzar un acuerdo "para adaptar las empresas a la nueva legislación", aunque reiteró que, caso contrario, acudirán "a los tribunales internacionales a defender los intereses de Repsol". "Creo que el diálogo, que siempre tiene que primar sobre la coacción, se impone en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y España", añadió. Desde que Repsol-YPF llegó a Bolivia la década pasada, invirtió cerca de $us 1.100 millones, pagó impuestos por 820 millones y logró ganancias netas de 250 millones. En este país tiene sus principales inversiones en el 50% que posee en Andina, que a su vez controla el 25% de los 52,3 billones de pies cúbicos de gas de Bolivia.
Fuente: Diario La Razón de Bolivia
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