La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, anunciada el lunes por el presidente boliviano Evo Morales, fue una vívida ilustración de que las políticas populistas, de las que Venezuela es el principal exponente, se están expandiendo. El impacto en los mercados internacionales de energía probablemente sea mínimo, ya que Bolivia produce principalmente gas natural y exporta sólo a dos países, Brasil y Argentina. Simbólicamente, sin embargo, los soldados en las refinerías y yacimientos son una imagen que puede enfervorizar aun más a Bolivia y otros países exportadores de energía de América Latina y otras regiones. "Lo que estamos viendo es un avance de la política emotiva", dijo Gonzalo Chávez, economista de la Universidad Católica de La Paz. "La nacionalización fue recibida con gran entusiasmo pero tenemos que esperar y ver cómo de se desarrolla el impacto económico de todo esto". Impulsados por el nacionalismo y por subas de precios del petróleo, muchos países ya tomaron en el pasado medidas para asegurarse un mayor control sobre sus recursos naturales. Arabia Saudita e Irán nacionalizaron sus intereses petroleros décadas atrás. Recientemente, también Rusia reorganizó su sector energético. Pero es en la región andina donde está creciendo el consenso para una mayor estatización del petróleo.Venezuela, uno de los mayores proveedores de petróleo a los EE.UU., se puso el mes pasado a la cabeza de la tendencia cuando obligó a las petroleras extranjeras a transformar sus actividades en joint ventures en los que el estado tiene mayoría.En abril, Ecuador sancionó normas que aumentaron la participación del Estado en las copiosas ganancias petroleras. En Perú, el candidato presidencial Ollanta Humala ha reclamado una intervención estatal más agresiva en la minería y el gas. En Bolivia, el vicepresidente boliviano «álvaro García, dijo el martes que las grandes empresas mineras también tendrán que pagar más impuestos. "No va a haber expropiaciones de empresas, por cierto", declaró a una radio local, "pero vamos a asumir un mayor nivel de control estatal". El gobierno espera que la nacionalización de su sector energético —Bolivia tiene las segundas reservas de gas natural de América Latina, detrás de Venezuela— aumente su facturación anual en más de 300 millones de dólares, a 780 millones."Precedente peligroso""No creo que el juego se detenga aquí", dijo en Nueva York Lawrence J. Goldstein, presidente del PIRA Energy Group, apoyado por la industria del petróleo. "Se moverá de los países americanos a los africanos. Es un precedente peligroso".La decisión de Bolivia pone de relieve los cambios que se vienen operando en el panorama político de la región, principalmente el debilitamiento de la influencia de los EE.UU. y el creciente perfil del Presidente Hugo Chávez, a quien la lluvia de ganancias petroleras le ha dado más poder.Pero el paso de Bolivia también amenaza con generar un cisma entre la nueva ola de gobernantes de izquierda de la región. El presidente de Brasil, Luis Ignácio da Silva, si bien teóricamente es de izquierda, se ha movido hacia el centro desde su elección en 2002. El paso de Bolivia lo puso ante la necesidad de negociar una salida para su país, que es uno de los mayores inversores en el sector energético boliviano y el principal comprador del gas natural de Bolivia. La petrolera estatal del Brasil, Petrobras se encuentra entre las pocas empresas energéticas que sentirán el efecto de la decisión boliviana. Otras empresas afectadas son el británico BG Group, la española Repsol-YPF y la francesa Total. La única inversión boliviana de Exxon Mobil, la mayor petrolera estadounidense, es una porción minoritaria en un yacimiento de gas que no está produciendo controlado por Total. El 82 por cientoLas empresas dicen que están esperando que se conozcan más detalles y que se pongan en marcha las negociaciones o arbitrajes con el gobierno boliviano, que les ha dado seis meses para acatar las nuevas condiciones o abandonar el negocio. Para los yacimientos más grandes de gas natural, el decreto le daría al gobierno el 82% entre royalties, impuestos y tenencias, aunque el nivel sería menor para yacimientos más pequeños. Pero hay detalles específicos que aun no están totalmente aclarados, en particular si la infraestructura o los activos serán expropiados sin compensación. El decreto caracterizó de "traición" las políticas energéticas anteriores, que permitieron a las empresas extranjeras pisar fuerte. Edward E. Miller, presidente de Gas TransBoliviano S.A., una firma que opera parte de los gasoductos al Brasil, dijo que las empresas del sector todavía están tratando de encontrarles un sentido a esos cambios. "Tenemos a los militares frente a nuestros despachos, pero sólo están asegurándose de que la gente no se lleve nada de las oficinas", dijo Miller en una entrevista telefónica desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. "No son agresivos. Sólo impiden que la gente se vaya con computadoras o documentos".
THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL PARA EL CLARIN DE BUENOS AIRES
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