MEXICO: El agotado sistema presidencial

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO *Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha escrito este interesante análisis sobre el sistema presidencial de México, que invito a leer. El Universal.

El actual diseño institucional mexicano vive una evidente situación de agotamiento. El esquema constitucional fue diseñado para responder de manera funcional al régimen autoritario que se consolidó a lo largo del siglo pasado y hoy, luego del proceso de transformación democrática que atravesó a la sociedad en los últimos 30 años, resulta completamente disfuncional y perjudicial para la recreación de la convivencia democrática.

Tenemos, para decirlo de otra manera, una arquitectura institucional que responde a un diseño profundamente autocrático -en donde las decisiones son impuestas en lo alto-, para regir a una sociedad democrática y atravesada por un intenso pluralismo político.

La compleja realidad política nos está demostrando, con una evidencia nunca antes vista, que el diseño del Estado, lejos de proporcionar los canales institucionales para que las diferencias se procesen, hoy está convirtiéndose en una de las principales fuentes de conflicto. El intensísimo sistema presidencial que establece la Constitución, me parece, está convirtiéndose en un elemento disruptivo del que debemos imperativamente hacernos cargo.

Con la democratización del país y la llegada de la pluralidad política a los órganos representativos (que dio pie al fenómeno de los gobiernos divididos), las vastas facultades "metaconstitucionales" del Presidente prácticamente desaparecieron, acotando significativamente la esfera del poder presidencial. Pero ello no implicó, como muchos han sugerido, que hoy tengamos un Ejecutivo débil. El nuestro sigue siendo uno de los sistemas presidenciales en los que la concentración del poder es más acentuada. Las exorbitantes atribuciones de que goza el presidente lo hacen en gran medida el pivote alrededor del cual giran los equilibrios institucionales del Estado.

No solamente encarna la titularidad del gobierno y la jefatura del Estado, como ocurre en todos los sistemas presidenciales, sino que además concentra atribuciones francamente autocráticas: la titularidad de la procuración de justicia y el monopolio de la acción penal, cuyo ejercicio es prácticamente discrecional (el lamentable episodio del desafuero de López Obrador es probablemente el ejemplo más emblemático de ello); las atribuciones en materia de regulación comercial que le permiten legislar por decreto en ese ámbito; el ser el árbitro supremo de los conflictos laborales que le permiten, por ejemplo, decretar libre y arbitrariamente, cuándo una huelga es legal o no; son sólo algunas de las muchísimas facultades que la Constitución confiere a la figura presidencial.

Lo anterior no es sólo una desafortunada circunstancia, sino que las implicaciones y consecuencias políticas hoy, como nunca, nos están estallando en la cara. Dos botones de muestra: el Informe Presidencial, que debería ser el acto por excelencia de la rendición de cuentas del titular del Ejecutivo frente al Legislativo, y que supone el escrutinio y revisión crítica de la actuación del primero por parte del segundo, en los hechos, sigue sido entendido por la anacrónica cultura presidencialista, que todavía hoy perdura como el momento de apoteosis del poder presidencial.

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