La tregua pactada por Morales terminó antes de lo que pensó

El apoyo mayoritario que logró en las urnas y el pacto de respaldo que firmó con varios sectores sociales, no han sido una garantía de tranquilidad para el presidente Evo Morales, quien en estos primeros nueve meses de gobierno no tuvo la tregua comprometida, ante la diversidad y cantidad de conflictos sociales, sectoriales, regionales y otros, que enfrentó en este período. El 22 de enero pasado, al asumir la Presidencia de la República, Morales selló un pacto de apoyo con diferentes organizaciones y movimientos sociales y pidió una tregua de 180 días para cumplir sus 10 promesas electorales, pero según algunos analistas políticos, estos sectores ya empezaron a "cobrarle la factura" de ese su respaldo, lo que está desencadenando esta ola de conflictos sociales que crecen y se calman, sin que haya pasado un mes sin un problema.

En este contexto, su apuesta por el diálogo para la resolución de las demandas de los diversos sectores, a través de la creación del Viceministerio de Coordinación con Movimiento Sociales y Sociedad Civil, en muchos casos no le sirvió para prevenir ni evitar muchos conflictos y el desborde de algunos, por lo que para garantizar la paz social, se vio obligado a disponer la intervención policial e incluso militar en varias ocasiones. Resultado de esas confrontaciones sociales, en estos nueve meses, hay 19 personas muertas por disparos de armas de fuego. La primera víctima es un policía, integrante del denominado Movimiento Sin Techo, que en la necesidad de tener un terreno para construir su vivienda, en Oruro, recibió un disparo cuando eran desalojados de la propiedad que habían ocupado por efectivos policiales y militares. Después, están dos cocaleros de Yungas de Vandiola, Cochabamba, que murieron en un enfrentamiento con las fuerzas combinadas de erradicación de cocales, el 29 de septiembre pasado.

Contradictoriamente, por la no intervención oportuna de las fuerzas del orden, durante un enfrentamiento violento de dos días, (el 5 y 6 de octubre pasado), entre mineros cooperativistas y asalariados de Huanuni, Oruro, en su pugna por la explotación del yacimiento más rico de estaño, el cerro Posokoni, murieron 16 personas, entre mineros de los dos grupos y pobladores del centro minero. Algunos sectores sociales en particular se han constituido en los disonantes del Gobierno, el caso de los choferes y magisterio urbano, pero también están algunas regiones a través de sus representaciones cívicas y los prefectos de departamento, de la denominada "Media Luna" (integrada por Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija). A estos sectores "conflictivos" en algunos momentos se han sumado sus propios aliados, grupos indígenas que ocuparon tierras, y sus propios militantes, creándole otros problemas con pugnas al interior del Movimiento Al Socialismo por la distribución y ocupación de cargos en las diferentes entidades gubernamentales. Una característica del Gobierno, en la confrontación de todos esos conflictos, ha sido la deslegitimación de las demandas de los sectores, debido a que desde el análisis de los integrantes del Gobierno y el MAS se trataban de movimientos "conspiradores" -impulsados por la oposición "derechista y oligárquica"- orientados específicamente a desestabilizar la gestión de Evo Morales y evitar los cambios estructurales emprendidos en el país. Según el estudio publicado sobre "25 años de conflicto en Bolivia", realizado por el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (Padep), de la Cooperación Alemana, Bolivia enfrentó en más de dos décadas 60 mil conflictos con un promedio de 55 por mes desde el año 2000 hasta 2005, durante los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

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