El Gobierno alista para la Asamblea Constituyente una propuesta de redistribución territorial que plantea crear un nuevo nivel de poder conformado por 42 regiones autónomas y entidades territoriales indígenas, que se distribuirán entre los nueve departamentos, aunque sin afectar la actual distribución política. Para los cívicos cruceños, impulsores de las autonomías departamentales aprobadas vía referéndum en cuatro regiones, la propuesta busca restar poder político a los prefectos, que en julio de este año fueron elegidos por el voto ciudadano. El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, explicó a La Razón que esta propuesta contempla una nueva estructura de descentralización territorial con los siguientes niveles: nueve departamentos, 42 regiones autónomas, 327 municipios y un número aún indefinido de entidades indígenas territoriales.
Según el proyecto, las regiones no tendrán la estructura de un gobierno departamental o municipal, serán más bien espacios de planificación de proyectos y, aunque estarán bajo la conducción de las prefecturas, “tendrán márgenes de autonomía”, pues la población podrá elegir a los líderes directamente, “de la manera más democrática posible, de manera que el Prefecto hacia adelante tiene que concertar y planificar el desarrollo del departamento en función de lo que vayan a decidir también las diferentes regiones”.
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