Ante un peligroso precedente

El acuerdo que los mineros cooperativistas alcanzaron ayer con el gobierno de Evo Morales traerá alivio a los habitantes de La Paz; ellos ya no deberán soportar las explosiones de dinamita y los cortes de tránsito característicos de sus protestas. Sin embargo, el acuerdo también sienta un precedente peligroso para el propio gobierno, que se vio forzado a ceder por segunda vez en pocos días ante un sector con capacidad de movilización. El lunes pasado lo había hecho por primera vez al aceptar instalar una gerencia regional de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la localidad de Camiri, en el sudeste del país, para lograr que los manifestantes desbloquearan los caminos. "El propio gobierno alienta estas manifestaciones porque para evitar un conflicto termina cediendo y entonces otro grupo comienza a movilizarse y a generar violencia.

No veo que en el gobierno haya una clara conciencia de que lo lleva a un callejón sin salida", dijo a LA NACION desde La Paz el economista Roberto Laserna. Por su parte, el analista boliviano Cayetano Llobet indicó que Morales, al que las encuestas le dan un alto índice de aprobación, "está muy débil" por el gran proceso de fragmentación de la sociedad boliviana en la que distintos grupos de presión pugnan entre sí para imponerles a los demás sus intereses sectoriales. Cuando cayó, el presidente Carlos Mesa "tenía un 66% de popularidad, pero eso no significa gobernabilidad", dijo Llobet. "Para este gobierno, y para cualquier otro en estas condiciones, hay muy poco futuro", añadió. En este contexto, la idea del gobierno de aumentarle los impuestos al sector cooperativista sólo parece haber echado más leña al fuego. Este sector constituye un nervio muy sensible de la economía boliviana: agrupa a 60.000 hombres, tiene gran capacidad de movilización y absorbe el 80% de la fuerza laboral del rubro minero.

Continue leyendo el artículo del diario La Nación de Buenos Aires