Multitudinaria manifestación minera en el centro de La Paz

Más de 8000 mineros cooperativistas marcharon ayer por el centro de La Paz, en lo que constituyó la segunda protesta importante de este sector contra el gobierno izquierdista de Evo Morales, luego de que en octubre pasado una serie de manifestaciones y choques de mineros cooperativistas y estatales en el sur del país dejó 16 muertos.

La medida de los mineros cooperativistas, que paralizó el centro de La Paz y causó severos trastornos al tráfico urbano, se realizó para exigir al mandatario que no eleve los impuestos a la minería privada, pese a que el gobierno les prometió que no resultarán afectados. La marcha se realizó luego de varios días de vivirse un clima social convulsionado, con bloqueos de rutas y manifestaciones en distintos puntos del país, y que anteayer obligó al gobierno a acceder a instalar una gerencia de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Camiri, como reclamaban los manifestantes de esa localidad del sudeste boliviano, para que desalojaran los caminos.

Los manifestantes se reunieron en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, desde donde bajaron al mediodía, en coincidencia con el horario de salida de oficinas y colegios, haciendo estallar cartuchos de dinamita, que estremecieron las calles de La Paz. Los transeúntes, molestos por las explosiones, silbaron a los mineros y los insultaron, y algunos de ellos se trenzaron a golpes con los mineros. El viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, dijo que presuntos manifestantes habían sido sorprendidos anteayer y ayer con 285 cartuchos de dinamita. "Haber secuestrado este material explosivo nos lleva a pensar de que no era tanta la intención de que [la marcha] fuera tan pacífica", dijo. Pero Andrés Villca, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), un poderoso sector sindical ex aliado de Morales, justificó el uso de este explosivos. "Es una característica de todas nuestras protestas, que son pacíficas", afirmó, para añadir que decidieron realizar la movilización pese a que el mandatario había ofrecido "congelar" la aplicación del nuevo tributo en el caso específico de las cooperativas, porque ese compromiso no es suficiente dado que aún no se anuló el proyecto de ley sobre el alza impositiva. La iniciativa contempla que el Ejecutivo modifique el impuesto complementario a la minería (ICM) para fijar tributos adicionales con un aumento promedio de entre el 60% y 70%, dependiendo del precio internacional de cada mineral.

Según Morales, de los más de 1000 millones de dólares que le reportaron a Bolivia las exportaciones mineras en 2006, el Estado únicamente percibió 45 millones de dólares de las empresas privadas, entre ellas las cooperativas de minería. Se pretendía que, con el aumento del ICM, la cifra subiera a 80 millones de dólares. "No es posible" que paguen los montos actuales de impuestos, había declarado Morales, que los considera demasiado bajos, el fin de semana pasado. El mandatario había señalado que los cooperativistas están protegiendo con su negativa a entregar más impuestos al resto de la minería, a la que considera más rica, y pidió que le dijeran "cuánto quieren pagar".