Manuel Antonio Noriega, el ex dictador panameño, no podrá regresar -al menos, por bastante tiempo- a su país como era su deseo, y el de sus abogados, para cumplir allí la pena por varios asesinatos, entre ellos el del opositor político Hugo Spadafora a manos de los temibles Batallones de la Dignidad durante su Gobierno de puño de hierro (1983-1989). Fue esa etapa la que desembocó en la controvertida invasión militar de Estados Unidos ordenada por el presidente Bush padre. Un juez federal estadounidense ha dado luz verde a la petición de extradición cursada por Francia para que Noriega satisfaga una pena de 10 años de cárcel por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Todo indica que ha habido un pacto no escrito entre Estados Unidos, Panamá y Francia, a fin de evitar que su regreso pudiera reabrir las viejas heridas políticas.
Jurídicamente, no deja de ser paradójico que el juez federal William Turnoff haya primado la petición francesa sobre la panameña, pese a que la sentencia por los delitos a la que fue condenado en su país es mucho más severa (20 años) y además la solicitud de extradición fue posterior. Las autoridades de Panamá han escenificado artificialmente una protesta, pero en el fondo se sienten bastante aliviadas por el hecho de que el ex dictador no sea deportado al país tras cumplir 17 de los 40 años de prisión a los que fue condenado por un tribunal de Miami por narcotráfico. No han faltado voces desde la oposición, como el ex presidente Guillermo Endara, que sostienen que Panamá sale "muy humillado" con esta decisión. Es comprensible tal queja, pero parece también obvio que el juez Turnoff a la postre ha otorgado con su fallo mayor fiabilidad a la justicia francesa que a la panameña en las circunstancias actuales.
De haber regresado a Panamá, el ex dictador se habría beneficiado de un régimen carcelario más benigno debido a su edad -el ex general tiene ya 72 años-, probablemente en su propio domicilio, y quién sabe si su vuelta a casa no hubiese sido fuente de inestabilidad política. En realidad, el caso Noriega no está cerrado para los panameños. Continúa siendo una fuente de división entre quienes simpatizan con su causa y los que sostienen que durante su mandato sólo propició corrupción, atropellos a los derechos humanos y sangre. Dentro del actual Gobierno hay quienes aún le consideran una víctima del invasor gringo. Pero lo que es cierto, casi dos décadas después de su derrocamiento, es que Noriega fue un aprendiz de brujo aupado por la CIA, bajo cuyo amparo construyó un régimen corrupto ligado al narcotráfico. Cuando se excedió, la Casa Blanca decidió que había llegado la hora de invadir el canal y acabar con él.
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