Bush recurre al secreto de Estado

La Administración de Bush planea hacer uso una vez más de una de sus herramientas legales favoritas: el privilegio del secreto de Estado. Con ese intrumento, el Gobierno estadounidense trata de eliminar una demanda impuesta contra el consorcio financiero Swift, una empresa belga que maneja transferencias bancarias multimillonarias alrededor del mundo y que entregó secretamente miles de datos financieros privados al Gobierno de Estados Unidos como parte de la guerra contra el terrorismo.

La demanda contra Swift podría trastocar las operaciones de un programa de seguridad que Washington considera como de vital importancia y podría obligar a la revelación de información "fuertemente clasificada" si la justicia permite que la demanda proceda, afirma el Departamento de Justicia estadounidense en archivos legales recientes que dan cuenta del creciente interés en que la demanda sea eliminada. Una corte federal de Alejandría, en el Estado de Virginia, tenía previsto ayer celebrar una audiencia sobre el caso.

El privilegio del secreto de Estado, que permite al Gobierno bloquear procesos judiciales cuando sean relativos a la seguridad nacional, era una herramienta poco utilizada por otras administraciones, pero el presidente George W. Bush ha echado mano de él docenas de veces para poner fin a controversias públicas relacionadas con la guerra contra el terrorismo, que van desde supuestas filtraciones de información en el FBI hasta el rapto de un alemán sospechoso de terrorismo. La Administración ha intentado usar dicho privilegio 39 veces en los últimos seis años, comparado con las 59 veces a las que se ha intentado recurrir 24 años previos al inicio del Gobierno de Bush, asegura un informe de la organización OpentheGovernment.org.

"Parece claro que en los últimos años, los jueces pocas veces cuestionan el uso del secreto de Estado. Ha sido una bomba de neutrones que no permite que las demandas prosperen", afirma Tom Blanton, director del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington. En uno de los casos más significativos sobre el uso del secreto de Estado, el Gobierno estadounidense intentó recurrir a él para acallar numerosas demandas sobre el programa de espionaje telefónico que emprendió la Agencia Nacional de Seguridad, como parte del combate al terrorismo, pero un juez de California se negó a aceptarlo. El asunto está ahora pendiente de una apelación en el tribunal, donde en audiencias sostenidas hace 15 días, los jueces se mostraron escépticos a aceptar el secreto de Estado.

Continue leyendo el artículo del diario El País de España