Los sindicatos convocantes de la huelga de trenes en Francia y del transporte urbano en París contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones decidieron seguir el jueves el paro, pero aceptaron ponerse a negociar en presencia del Gobierno, lo que preludia que unos y otros preparan el fin del conflicto. Desde el Elíseo se da un mes como plazo para resolver el conflicto. La Confederación General del Trabajo (CGT), verdadero motor de esta huelga iniciada el martes con carácter indefinido y que es una pesadilla para los usuarios, justificó continuar con la protesta "en tanto que no haya elementos nuevos", en palabras de su secretario general, Bernard Thibault.
Pero al mismo tiempo, Thibault abrió la puerta a una negociación a tres bandas, entre sindicatos, Gobierno y empresas, "para abordar el conjunto de los puntos" de la reforma sobre la que el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, debía presentar una propuesta para fijar el marco del proceso, por encargo del presidente de la República, Nicolas Sarkozy. El Gobierno francés dio un plazo de un mes a los sindicatos y las direcciones de las empresas públicas afectadas por la reforma de los regímenes especiales de pensiones para negociar medidas de acompañamiento de la reforma. Este plazo figura en la carta enviada por el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, a los líderes de las principales centrales sindicales, cuando muchos de los sindicatos ya habían decidido prorrogar durante el jueves la huelga en los ferrocarriles y el transporte urbano de París que este miércoles perturbó mucho el tráfico.
Largas colas en la estación de Gare du Nord, en París. (Foto: AFP)
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, consideró que ahora "se dan las condiciones" para las negociaciones en las empresas y que, por tanto, la huelga debe acabar "lo antes posible en el interés de los usuarios", dijo el portavoz del Elíseo esta noche La CGT, como el resto de los sindicatos convocantes de la protesta, era consciente de que tenían en contra a la opinión pública, y había buscado una vía de salida aceptando negociar en cada empresa -lo que en la práctica significa aceptar el principio de la reforma- aunque con la condición de que el Gobierno esté presente. El primer ministro, François Fillon, subrayó que el mecanismo trilateral que se va a poner en marcha es para "acabar con una huelga que no es útil, no dará resultados para nadie y perjudica a millones de franceses". Fillon insistió en que los "tres pilares" de la reforma son "innegociables", empezando por el aumento del periodo de cotización que da derecho a una pensión completa en los regímenes especiales de los 37,5 años actualmente a 40 años, para equipararse con los funcionarios y los trabajadores del sector privado.
Los otros dos puntos inamovibles son que las pensiones de los regímenes especiales evolucionarán al ritmo de la inflación como en el sistema general, y no al ritmo de los salarios de los empleados, y que habrá penalizaciones para los que se jubilen antes de la edad prevista o sin haber completado el periodo de cotización. "Todo lo demás es negociable" dentro de las empresas, aseguró el jefe del Ejecutivo.
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