Una llamada telefónica de Maruan Velasco fue reveladora. "Ya no somos la Fuerza Ejecutiva, somos la Policía Palestina". El portavoz, hijo de española, deseaba dejar claro que en Gaza sólo hay un cuerpo de seguridad, el fundado por Hamás en mayo de 2006. Y que su legitimidad no admite duda. No en vano, vencieron en los comicios de enero de 2006 con mayoría absoluta.
El movimiento islamista se esfuerza desde que se apoderó de Gaza, en junio, por crear instituciones que reemplacen a las que boicotea el presidente palestino desde Ramala. Mahmud Abbas exige a los funcionarios que rechacen colaborar con el Gobierno de Ismail Haniya y paga sus sueldos para que se queden de brazos cruzados. El Ejecutivo de Gaza no puede permitirse que la anarquía agrave la pavorosa situación económica que sufre el millón y medio de palestinos de la franja. Así que, paso a paso, construye su Estado. Que el proceso se ajuste a la legalidad vigente nada importa. Tampoco la presidencia se atiene a ella.
En carteles adosados al muro del Serrallo, el cuartel general en el centro de la ciudad, figura un policía con los brazos abiertos a la espera del abrazo de un niño, y los teléfonos a los que pueden llamar los ciudadanos. Los lugareños ya sabían dónde acudir para denunciar. El problema: la negativa de los jueces a tramitar las demandas. Hasta hace tres semanas. Fue entonces cuando el Ejecutivo decidió crear el Alto Consejo de Justicia. Sólo una decena de los 541 funcionarios decidieron continuar su labor bajo el nuevo organismo.
Abedraouf al Halabi, abogado durante 31 años y ahora presidente del Alto Consejo de Justicia, explica el colapso del sistema: "Hace año y medio comenzaron incluso a poner candados a los tribunales. Todo con el fin de provocar el caos. Los jueces se negaban a dictar sentencias, buscaban cualquier excusa para ausentarse. Desde el 14 de junio, mi antecesor, Aisa Abu Sharar, dio órdenes a los 48 jueces para que se negaran a cobrar las tasas judiciales y no se pudieran recaudar en Gaza. En noviembre todos fueron expulsados".
Cuando tomaron posesión de la sede del consejo, en la calle Wahda -paradójicamente, significa unidad-, los nuevos funcionarios ignoraban cómo operar el sistema informático. Ya se celebran juicios, aunque los escollos son inmensos. "Estamos examinando a los letrados que se presentan para ejercer de jueces. Diez antiguos funcionarios, de los 541 que había, nos ayudan. Pero tenemos 4.000 casos pendientes", precisa Al Halabi. "Los tribunales de apelación todavía no funcionan, los dejaron hechos auténticos establos".
Lo sucedido en la policía y la administración de justicia no son ejemplos aislados. Los consejos municipales de Gaza, Rafah, Beit Lahia y el Bureij han sido destituidos y sustituidos por comités leales al Ejecutivo de Haniya. En su lucha por demostrar la legitimidad de su Gobierno, un último episodio ha jalonado la polémica de esta semana. Naciones Unidas ha intentado mediar entre Hamás y la Oficina Central de Estadísticas, dirigida desde Ramala, para que este organismo siguiera elaborando el censo de Gaza. Pero el Ejecutivo islamista cerró los despachos de la oficina cuando ésta se negó a compartir los datos que recababa. El director del centro, Luoay Shabaneh, apuntó que la "intención de Hamás no es esconder datos, sino dejar patente quién controla la franja".
Para felicidad de sus fieles y desesperación de sus rivales, Gaza es un bastión de Hamás que, en su celo por demostrar eficacia, no olvida cabos sueltos. "Las instalaciones del cruce fronterizo con Egipto, en Rafah, se conservan impecables. Las máquinas de rayos X están relucientes y han asfaltado los accesos. No sé de dónde han sacado las pegatinas de la UE, pero son nuevas. Está claro que no quieren que nadie les culpe de que el paso no está listo para su apertura", relata un funcionario europeo a cargo de vigilar la terminal.
Fuente: Diario El País de España
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