“No queremos entrar en la pelea sobre la extradición o sobre la investigación en Miami. Pero hay algo que debe quedar claro: muchos hechos más van a salir a la luz”. El anuncio fue hecho por una voz norteamericana al tanto de la marcha de la investigación que tiene como eje a Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre que intentó ingresar en la Argentina 800.000 dólares que habrían estado destinados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
“Quedará claro que la reacción de Venezuela, sobre todo, pero también la del gobierno argentino, fue la equivocada”, sostiene el vocero en un tono de decepción. Esa respuesta, dice, “evidenció un error estratégico”. La fuente refleja y resume el pensamiento del gobierno estadounidense y también de la oposición.
Nadie precisa qué “hechos” saldrán “a la luz”. Ni los fiscales ni la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y mucho menos el poder en Washington. Sólo se sabe con certeza que los investigadores tienen 12 días como máximo para definir su ofensiva, formalizar su acusación y mostrar algunas de sus cartas más fuertes ante los tribunales. El 28 de diciembre será la fecha límite para que un "gran jurado" evalúe los méritos para llevar el caso a un juicio oral. Con Antonini convertido en víctima de un posible delito cometido en Estados Unidos, más que como el presunto ejecutor de otro, en la Argentina.
Las voces consultadas no descartan nada: nuevos arrestos, un acuerdo con uno o más de los detenidos, pedidos de captura. Callan, al igual que la fiscal y vocera de la fiscalía, Alicia Valle.
"No vamos a confirmar por sí o por no", le dijo a LA NACION cuando el ex juez Guillermo Ledesma salió al ruedo a afirmar que era el "argentino", que participó en una reunión clave del caso con Antonini, Franklin Durán y Moisés Maionica. "No respondemos a alegatos [consultas] fuera de la Corte", cortó.
La dimensión más política del gobierno de Estados Unidos difundió, mientras tanto, dos respuestas simultáneas y paralelas durante las últimas 72 horas.
Se esforzó, por un lado, por resaltar que desea mantener la mejor relación bilateral que sea posible con la Argentina.
Así lo han dejado saber durante los últimos días el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez; el subsecretario de Estado, Tom Shannon, y el embajador, Earl Anthony Wayne, tanto en reuniones en Washington como en Buenos Aires. Los canales de comunicación abiertos son muchos más de los que se saben, coincidieron ayer ante la consulta de LA NACION desde ambos gobiernos.
Pero la administración Bush también dejó en claro su "enojo" por la reacción que mostró la Casa Rosada, expresaron esos mismos interlocutores, que pidieron reservar sus nombres por la "sensibilidad" de todo lo que rodea al "caso Antonini".
Es decir, a las múltiples reacciones en cadena que siguieron al descubrimiento de la maleta con 790.550 dólares en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en Buenos Aires, en un avión rentado por funcionarios argentinos y venezolanos proveniente de Caracas.
El "fastidio" alcanza también a legisladores republicanos y demócratas, en ambas cámaras del Capitolio, cuya agenda con la Argentina abarca desde el sistema general de preferencias arancelarias y la ofensiva de los holdouts por la deuda en default, hasta la definición de qué países son exentos del programa de visas.
Al menos dos legisladores evalúan sumarse a la posición pública que expresó el demócrata Eliot Angel, que lidera el Subcomité para América latina de la Cámara de Representantes. Dijo que no le sorprendería si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió dinero a la Argentina. "Sabemos que ha utilizado fondos en toda América latina para intentar influir en elecciones", había expresado días atrás.
Continue leyendo el artículo del diario La Nación de Buenos Aires
“Quedará claro que la reacción de Venezuela, sobre todo, pero también la del gobierno argentino, fue la equivocada”, sostiene el vocero en un tono de decepción. Esa respuesta, dice, “evidenció un error estratégico”. La fuente refleja y resume el pensamiento del gobierno estadounidense y también de la oposición.
Nadie precisa qué “hechos” saldrán “a la luz”. Ni los fiscales ni la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y mucho menos el poder en Washington. Sólo se sabe con certeza que los investigadores tienen 12 días como máximo para definir su ofensiva, formalizar su acusación y mostrar algunas de sus cartas más fuertes ante los tribunales. El 28 de diciembre será la fecha límite para que un "gran jurado" evalúe los méritos para llevar el caso a un juicio oral. Con Antonini convertido en víctima de un posible delito cometido en Estados Unidos, más que como el presunto ejecutor de otro, en la Argentina.
Las voces consultadas no descartan nada: nuevos arrestos, un acuerdo con uno o más de los detenidos, pedidos de captura. Callan, al igual que la fiscal y vocera de la fiscalía, Alicia Valle.
"No vamos a confirmar por sí o por no", le dijo a LA NACION cuando el ex juez Guillermo Ledesma salió al ruedo a afirmar que era el "argentino", que participó en una reunión clave del caso con Antonini, Franklin Durán y Moisés Maionica. "No respondemos a alegatos [consultas] fuera de la Corte", cortó.
La dimensión más política del gobierno de Estados Unidos difundió, mientras tanto, dos respuestas simultáneas y paralelas durante las últimas 72 horas.
Se esforzó, por un lado, por resaltar que desea mantener la mejor relación bilateral que sea posible con la Argentina.
Así lo han dejado saber durante los últimos días el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez; el subsecretario de Estado, Tom Shannon, y el embajador, Earl Anthony Wayne, tanto en reuniones en Washington como en Buenos Aires. Los canales de comunicación abiertos son muchos más de los que se saben, coincidieron ayer ante la consulta de LA NACION desde ambos gobiernos.
Pero la administración Bush también dejó en claro su "enojo" por la reacción que mostró la Casa Rosada, expresaron esos mismos interlocutores, que pidieron reservar sus nombres por la "sensibilidad" de todo lo que rodea al "caso Antonini".
Es decir, a las múltiples reacciones en cadena que siguieron al descubrimiento de la maleta con 790.550 dólares en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, en Buenos Aires, en un avión rentado por funcionarios argentinos y venezolanos proveniente de Caracas.
El "fastidio" alcanza también a legisladores republicanos y demócratas, en ambas cámaras del Capitolio, cuya agenda con la Argentina abarca desde el sistema general de preferencias arancelarias y la ofensiva de los holdouts por la deuda en default, hasta la definición de qué países son exentos del programa de visas.
Al menos dos legisladores evalúan sumarse a la posición pública que expresó el demócrata Eliot Angel, que lidera el Subcomité para América latina de la Cámara de Representantes. Dijo que no le sorprendería si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió dinero a la Argentina. "Sabemos que ha utilizado fondos en toda América latina para intentar influir en elecciones", había expresado días atrás.
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