A los memoriosos les cuesta encontrar un antecedente de las dimensiones del paro agropecuario de estos días. ¿Habrá que remontarse al conflicto ferroviario de 1951? ¿O se parece más a la huelga de 40 días que ese mismo gremio dispuso contra Arturo Frondizi, en 1961? También Raúl Alfonsín atravesó su crisis sindical en 1988, con la protesta de 42 días de los maestros, que terminó en la “marcha blanca”.
La actual medida de fuerza no tiene la duración de aquéllas. Pero su radicalidad la convierte en un acontecimiento delicado y excepcional. Una discusión que se pretendía circunscripta a la renta de la soja, terminó movilizando a lecheros, ganaderos, comerciantes y técnicos agropecuarios aun durante la Semana Santa. Como si se hubiera desatado un proceso al cabo del cual la configuración general de la política quedará, en buena medida, modificada.
Ya existen indicios de mutaciones importantes en el juego del poder. El primero se registró ayer en las relaciones federales. Por primera vez desde el ascenso de los Kirchner, un gobernador se quejó de la "falta de una política agropecuaria" y reclamó que sea el Gobierno, quien inicie el diálogo. Fue Hermes Binner, desde un escenario principal de la disputa, Santa Fe. Este socialista sabe que sus declaraciones ponen en apuros a los gobernadores de otras provincias agropecuarias que militan en el oficialismo, algunos de los cuales soportan tensiones en sus gabinetes por su estrategia frente al campo. Binner citó al cordobés Juan Schiaretti y al chaqueño Jorge Capitanich, a quienes el Gobierno había confiado una mediación, como informó ayer LA NACION.
El alineamiento de esos dirigentes con la Casa Rosada es relativo. En sus diálogos con funcionarios de Cristina Kirchner, Schiaretti viene sosteniendo, desde el martes pasado, dos criterios: que el Gobierno retome el diálogo y que los fondos que percibe por las retenciones a los agricultores cordobeses, calculados en US$ 2500 millones, reviertan sobre la provincia.
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La actual medida de fuerza no tiene la duración de aquéllas. Pero su radicalidad la convierte en un acontecimiento delicado y excepcional. Una discusión que se pretendía circunscripta a la renta de la soja, terminó movilizando a lecheros, ganaderos, comerciantes y técnicos agropecuarios aun durante la Semana Santa. Como si se hubiera desatado un proceso al cabo del cual la configuración general de la política quedará, en buena medida, modificada.
Ya existen indicios de mutaciones importantes en el juego del poder. El primero se registró ayer en las relaciones federales. Por primera vez desde el ascenso de los Kirchner, un gobernador se quejó de la "falta de una política agropecuaria" y reclamó que sea el Gobierno, quien inicie el diálogo. Fue Hermes Binner, desde un escenario principal de la disputa, Santa Fe. Este socialista sabe que sus declaraciones ponen en apuros a los gobernadores de otras provincias agropecuarias que militan en el oficialismo, algunos de los cuales soportan tensiones en sus gabinetes por su estrategia frente al campo. Binner citó al cordobés Juan Schiaretti y al chaqueño Jorge Capitanich, a quienes el Gobierno había confiado una mediación, como informó ayer LA NACION.
El alineamiento de esos dirigentes con la Casa Rosada es relativo. En sus diálogos con funcionarios de Cristina Kirchner, Schiaretti viene sosteniendo, desde el martes pasado, dos criterios: que el Gobierno retome el diálogo y que los fondos que percibe por las retenciones a los agricultores cordobeses, calculados en US$ 2500 millones, reviertan sobre la provincia.
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