Si algo ha marcado con rigor la democracia en Bolivia han sido las etapas electorales; y, lamentablemente, por una razón poderosa: el fraude. Sólo pensar en lo que ha ocurrido tan frecuentemente en el territorio nacional, en sentido de burlar disposiciones legales o de cometer acciones contrarias a toda norma, resulta un tema muy preocupante. Por eso mismo la inquietud, hoy, está centrada en una presunción de que se podría estar montando un fraude desde el Gobierno, comprometiendo incluso a la otrora incuestionable Corte Nacional Electoral (CNE). Esta denuncia, que ha salido de la oposición política, de ser cierta, echaría por los suelos la corrección que se espera cuando el pueblo, el soberano, acude a las urnas para elegir a sus máximas autoridades.
Descontando las conjeturas, el oficialismo, de antemano, corre con ventaja para el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Las dos preguntas sobre las que deberán pronunciarse los ciudadanos bolivianos están claramente direccionadas con el propósito de asegurar la continuidad del Presidente y del Vicepresidente de la República.
En cuanto a la oposición —a Podemos, principalmente— pretende, con argumentos comprensibles pero extemporáneos, cambiar las reglas del juego que ha impuesto el MAS para el referéndum. Además de exigir líneas ecuánimes, sin ventajas previas ni para las autoridades nacionales ni para las departamentales, se teme por que se caiga en la vieja tentación de incurrir en la estafa electoral.
Las razones de esas sospechas no se circunscriben, solamente, en el hecho concreto de las preguntas tendenciosas. También se fundan en la proporcionalidad del voto, que, tal como está redactada la ley, es injusta. El Padrón Electoral ha crecido desde el 2005; sin embargo, para la continuidad o la revocatoria de los mandatos se exigen los mismos porcentajes alcanzados por cada autoridad; es decir que el Presidente, con menos votos de los que logró ese año, se quedaría, pero más de un prefecto necesitará muchos más de los que recibió el 2005 para no perder el cargo.
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Descontando las conjeturas, el oficialismo, de antemano, corre con ventaja para el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Las dos preguntas sobre las que deberán pronunciarse los ciudadanos bolivianos están claramente direccionadas con el propósito de asegurar la continuidad del Presidente y del Vicepresidente de la República.
En cuanto a la oposición —a Podemos, principalmente— pretende, con argumentos comprensibles pero extemporáneos, cambiar las reglas del juego que ha impuesto el MAS para el referéndum. Además de exigir líneas ecuánimes, sin ventajas previas ni para las autoridades nacionales ni para las departamentales, se teme por que se caiga en la vieja tentación de incurrir en la estafa electoral.
Las razones de esas sospechas no se circunscriben, solamente, en el hecho concreto de las preguntas tendenciosas. También se fundan en la proporcionalidad del voto, que, tal como está redactada la ley, es injusta. El Padrón Electoral ha crecido desde el 2005; sin embargo, para la continuidad o la revocatoria de los mandatos se exigen los mismos porcentajes alcanzados por cada autoridad; es decir que el Presidente, con menos votos de los que logró ese año, se quedaría, pero más de un prefecto necesitará muchos más de los que recibió el 2005 para no perder el cargo.
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