viernes, agosto 29, 2008

Evo convoca a dos referendos de la CPE y a tres elecciones

Tras una jornada que concentró la atención del país en una cumbre oficialista que duró más de 10 horas, el gobierno del presidente Evo Morales fijó el domingo 7 de diciembre como fecha para la realización de los referendos de aprobación del nuevo texto constitucional. Las consultas, que se realizarán conjuntamente tres elecciones (la de prefectos de La Paz y Cochabamba, subprefectos y consejeros departamentales) fueron convocadas mediante el decreto supremo 29691, que además reglamenta los procedimientos y afectos de estos comicios.

Un Palacio de Gobierno repleto de autoridades del Ejecutivo, parlamentarios, asambleístas, dirigentes de sectores sociales y los principales jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue el escenario en que el Ejecutivo hizo conocer esta determinación, tras la maratónica cumbre que se realizó en la zona de Huajchilla, al sur de La Paz.

De acuerdo al decreto, el 7 de diciembre los bolivianos acudirán a las urnas para participar en las dos consultas sobre el texto constitucional: la dirimitoria, donde decidirán sobre la extensión del latifundio, y la ratificatoria, que será en la que den luz verde o rechacen el proyecto de Constitución aprobado en Oruro el 9 de diciembre del 2007.

El Decreto 29691 fija la fecha de las consultas constitucionales en base a las leyes 3836 y 3837, de 29 de febrero del 2008. La primera determina que ambas consultas se realizarán de forma simultánea y la segunda fija como fecha del referéndum el domingo 4 de mayo de este año.

La consulta no se llevó a cabo en esa fecha por decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE), que, según señala el decreto aprobado ayer, “se excedió en sus atribuciones e interpretó la ley”, por lo que ahora se fijó una nueva fecha en base a esas mismas leyes.

“Esto se constituye en una base jurídico-constitucional suficiente”, aseguró el ministro de Defensa, Walker San Miguel, tras explicar que la consulta se encuentra además respaldada por la Ley 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el Pacto de San José, que determina que “ningún organismo constituido puede evitar que el soberano se exprese”.

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