Agobiado por el brusco descenso en el precio del crudo, el gobierno del presidente Hugo Chávez está enfrentando dificultades fiscales para cumplir con el pago de miles de millones de dólares por las nacionalizaciones de empresas de capital extranjero, entre las que se encuentran una cementera mexicana, una acerera con inversión argentina y un banco español.
Con la cesta del crudo venezolano cotizándose a unos $36 el barril, el gobierno está posponiendo además multimillonarias inversiones en países aliados como Nicaragua y Ecuador, anticipando una severa restricción de los ingresos fiscales para el 2009, que podría golpear la popularidad del presidente Chávez. La administración chavista se vio obligada a posponer hasta enero el cierre de la compra de la sucursal venezolana del conglomerado español Santander, por falta de disponibilidad en los fondos de reserva del Banco Central de Venezuela.
Al mismo tiempo, no ha podido cumplir con los compromisos de pagos para la compra de la cementera francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex, que concentran más del 90 por ciento de la producción de cemento en el país. Según fuentes consultadas por El Nuevo Herald, el gobierno estaría negociando un precio más bajo de estos conglomerados cementeros, argumentando que el impacto de la crisis financiera internacional afectó también el valor real de estas empresas.
Por otro lado, luego de varios meses de negociaciones, Caracas no ha podido cumplir con el cronograma de pagos por el 60 por ciento de las acciones de la siderúrgica Sidor, en manos del consorcio argentino Ternium.
"Desde que se anunciaron estas nacionalizaciones, el gobierno ha venido posponiendo los plazos de pago porque los fondos fiscales no alcanzan'', dijo Orlando Ochoa, economista independiente residente en Caracas, en declaraciones a El Nuevo Herald.
Según Ochoa, se estima que el gobierno de Chávez deberá desembolsar alrededor de $5,000 millones para cubrir los compromisos de las nacionalizaciones.
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Con la cesta del crudo venezolano cotizándose a unos $36 el barril, el gobierno está posponiendo además multimillonarias inversiones en países aliados como Nicaragua y Ecuador, anticipando una severa restricción de los ingresos fiscales para el 2009, que podría golpear la popularidad del presidente Chávez. La administración chavista se vio obligada a posponer hasta enero el cierre de la compra de la sucursal venezolana del conglomerado español Santander, por falta de disponibilidad en los fondos de reserva del Banco Central de Venezuela.
Al mismo tiempo, no ha podido cumplir con los compromisos de pagos para la compra de la cementera francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex, que concentran más del 90 por ciento de la producción de cemento en el país. Según fuentes consultadas por El Nuevo Herald, el gobierno estaría negociando un precio más bajo de estos conglomerados cementeros, argumentando que el impacto de la crisis financiera internacional afectó también el valor real de estas empresas.
Por otro lado, luego de varios meses de negociaciones, Caracas no ha podido cumplir con el cronograma de pagos por el 60 por ciento de las acciones de la siderúrgica Sidor, en manos del consorcio argentino Ternium.
"Desde que se anunciaron estas nacionalizaciones, el gobierno ha venido posponiendo los plazos de pago porque los fondos fiscales no alcanzan'', dijo Orlando Ochoa, economista independiente residente en Caracas, en declaraciones a El Nuevo Herald.
Según Ochoa, se estima que el gobierno de Chávez deberá desembolsar alrededor de $5,000 millones para cubrir los compromisos de las nacionalizaciones.
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