Algunos de los hombres con más poder en el país serán investigados por una presunta asociación ilícita: la justicia federal abrió ayer una causa que tiene como acusados al ex presidente Néstor Kirchner; al ministro de Planificación, Julio De Vido; al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y a un grupo de funcionarios y empresarios de la más estrecha confianza de la Casa Rosada.
Sobre la base de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer al mediodía un requerimiento de instrucción ante el juez Julián Ercolini y le pidió 15 medidas de prueba. Anoche, las primeras diez ya habían sido ordenadas, según informó a LA NACION un funcionario que interviene en la causa.
Las obras públicas más importantes de los últimos tiempos, un fideicomiso multimillonario con Venezuela, el frustrado proyecto del tren bala, el negocio del juego y la concesión de la explotación del petróleo serán objeto de la investigación que acaba de comenzar. La sospecha es que "empresas amigas" del kirchnerismo manipularon las licitaciones e hicieron fortunas con sobreprecios pagados por el Estado.
Además de Kirchner, De Vido y Zannini, en la causa hay otros cinco imputados: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex jefe del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, que tuvo que dejar ese cargo por su involucramiento en el caso de la valija de Antonini Wilson, y los empresarios Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios).
Pero el fiscal advirtió que la causa podría alcanzar a "otras personas" y mencionó a 18 empresas que también habrían sido parte de las maniobras denunciadas: entre ellas, las sureñas Gotti, y Kank y Costilla, compañías constructoras en ascenso con el kirchnerismo. También, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.
Ercolini ordenó ayer casi todas las medidas que le había pedido el fiscal. Reclamó el detalle de "las entradas y salidas de Claudio Uberti desde y hacia Venezuela", requirió copia de la investigación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, por supuestos sobreprecios en la remodelación de vagones, y ordenó que se consultara al tribunal del principado de Liechtenstein por una causa por lavado de dinero que afecta a Austral Construcciones.
El magistrado dispuso, además, que declarara como testigo el ex intendente de Córdoba Luis Juez, que la semana pasada denunció que Cristóbal López le ofreció financiarle diez campañas políticas a cambio de entrar con el negocio del juego en Córdoba.
Ercolini también solicitó copia de toda la documentación que tuviera la Inspección General de Justicia sobre 26 empresas que son grandes contratistas del Estado y, en relación con esas mismas compañías, pidió a la AFIP un detalle de las denuncias que tuvieran en su contra, sus respectivas integraciones accionarias y posibles vinculaciones entre ellas.
De acuerdo con el requerimiento de instrucción de Pollicita, habrá que investigar si empresarios "con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner" contrataron con el Estado sin cumplir con las normas "ante una total pasividad del Estado ".
Según Carrió, las contrataciones tuvieron rasgos comunes: concurrían en las licitaciones los mismos grupos, que ofertaban valores muy parecidos y que se alternaban en la obtención de las adjudicaciones. Además, cobraban sobreprecios. Por eso, el fiscal pidió investigar si hubo empresas que "funcionando como holding, se presentaron imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos".
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Sobre la base de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer al mediodía un requerimiento de instrucción ante el juez Julián Ercolini y le pidió 15 medidas de prueba. Anoche, las primeras diez ya habían sido ordenadas, según informó a LA NACION un funcionario que interviene en la causa.
Las obras públicas más importantes de los últimos tiempos, un fideicomiso multimillonario con Venezuela, el frustrado proyecto del tren bala, el negocio del juego y la concesión de la explotación del petróleo serán objeto de la investigación que acaba de comenzar. La sospecha es que "empresas amigas" del kirchnerismo manipularon las licitaciones e hicieron fortunas con sobreprecios pagados por el Estado.
Además de Kirchner, De Vido y Zannini, en la causa hay otros cinco imputados: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex jefe del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, que tuvo que dejar ese cargo por su involucramiento en el caso de la valija de Antonini Wilson, y los empresarios Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios).
Pero el fiscal advirtió que la causa podría alcanzar a "otras personas" y mencionó a 18 empresas que también habrían sido parte de las maniobras denunciadas: entre ellas, las sureñas Gotti, y Kank y Costilla, compañías constructoras en ascenso con el kirchnerismo. También, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.
Ercolini ordenó ayer casi todas las medidas que le había pedido el fiscal. Reclamó el detalle de "las entradas y salidas de Claudio Uberti desde y hacia Venezuela", requirió copia de la investigación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, por supuestos sobreprecios en la remodelación de vagones, y ordenó que se consultara al tribunal del principado de Liechtenstein por una causa por lavado de dinero que afecta a Austral Construcciones.
El magistrado dispuso, además, que declarara como testigo el ex intendente de Córdoba Luis Juez, que la semana pasada denunció que Cristóbal López le ofreció financiarle diez campañas políticas a cambio de entrar con el negocio del juego en Córdoba.
Ercolini también solicitó copia de toda la documentación que tuviera la Inspección General de Justicia sobre 26 empresas que son grandes contratistas del Estado y, en relación con esas mismas compañías, pidió a la AFIP un detalle de las denuncias que tuvieran en su contra, sus respectivas integraciones accionarias y posibles vinculaciones entre ellas.
De acuerdo con el requerimiento de instrucción de Pollicita, habrá que investigar si empresarios "con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner" contrataron con el Estado sin cumplir con las normas "ante una total pasividad del Estado ".
Según Carrió, las contrataciones tuvieron rasgos comunes: concurrían en las licitaciones los mismos grupos, que ofertaban valores muy parecidos y que se alternaban en la obtención de las adjudicaciones. Además, cobraban sobreprecios. Por eso, el fiscal pidió investigar si hubo empresas que "funcionando como holding, se presentaron imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos".
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