Los ataques contra objetivos civiles en Gaza han llevado a muchos grupos de Derechos Humanos y a expertos en Ley Internacional Humanitaria a denunciar las violaciones de las leyes de guerra en las que podrá estar incurriendo Israel.
La voz más autorizada es la del relator de Naciones Unidas para los territorios palestinos, el académico judío norteamericano Richard Falk, quien el miércoles acusó a Israel de cometer crímenes contra la Humanidad en la franja mediterránea. No es el único en valorar la ofensiva en esos términos. Para los expertos, acciones como la matanza del lunes en una escuela de la UNRWA o el bombardeo de la casa de Nizar Rayan, un alto cargo de Hamas, en el que perdieron la vida sus cuatro esposas y sus 11 hijos de entre 1 y 12 años, constituyen crímenes de guerra.
Eso obligará a todos los Estados que han ratificado convenios como las Convenciones de Ginebra o el Estatuto de Roma a investigar los supuestos delitos y, si se prueba que se han cometido, perseguir a sus culpables, algo que aún no ha sucedido, en el caso de Israel, en ningún lugar del mundo.
En los últimos años y gracias al trabajo del Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), se han presentado querellas en España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza contra presuntos criminales de guerra israelíes, entre ellos ex ministros de Defensa y altos cargos del Ejército.
Para el CPDH, se trata de una estrategia a largo plazo destinada a juzgar a los responsables de las violaciones de la Ley Internacional Humanitaria en los territorios palestinos y acabar con la impunidad israelí. El objetivo es obtener órdenes de captura internacionales que permita arrestar a los inculpados fuera de su país, siempre que los tribunales israelíes no castiguen los hechos.
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La voz más autorizada es la del relator de Naciones Unidas para los territorios palestinos, el académico judío norteamericano Richard Falk, quien el miércoles acusó a Israel de cometer crímenes contra la Humanidad en la franja mediterránea. No es el único en valorar la ofensiva en esos términos. Para los expertos, acciones como la matanza del lunes en una escuela de la UNRWA o el bombardeo de la casa de Nizar Rayan, un alto cargo de Hamas, en el que perdieron la vida sus cuatro esposas y sus 11 hijos de entre 1 y 12 años, constituyen crímenes de guerra.
Eso obligará a todos los Estados que han ratificado convenios como las Convenciones de Ginebra o el Estatuto de Roma a investigar los supuestos delitos y, si se prueba que se han cometido, perseguir a sus culpables, algo que aún no ha sucedido, en el caso de Israel, en ningún lugar del mundo.
En los últimos años y gracias al trabajo del Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), se han presentado querellas en España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza contra presuntos criminales de guerra israelíes, entre ellos ex ministros de Defensa y altos cargos del Ejército.
Para el CPDH, se trata de una estrategia a largo plazo destinada a juzgar a los responsables de las violaciones de la Ley Internacional Humanitaria en los territorios palestinos y acabar con la impunidad israelí. El objetivo es obtener órdenes de captura internacionales que permita arrestar a los inculpados fuera de su país, siempre que los tribunales israelíes no castiguen los hechos.
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