Los principales países de la UE avanzaron ayer en Berlín en la redacción de una agenda para la cumbre de Londres del próximo 2 de abril, donde un G-20 ampliado, en el que estará España como ya lo hizo en la reunión de Washington en diciembre, ultimará un plan de acción contra la recesión económica mundial.
Los jefes de Gobierno y Estado de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia -integrados en el G-7- más los de España, Holanda, Luxemburgo y República Checa, esta última como país presidente de turno de la Unión Europea, acordaron un plan en el que destaca la exhortación al combate contra los paraísos fiscales, con sanciones "que han de ser creadas lo antes posible". Tantas veces invocado como aplazado, este problema se considera ahora clave para hacer frente al componente financiero de la crisis. También hubo acuerdo sobre la necesidad de duplicar los recursos a disposición del FMI para poder ponerlos con rapidez a disposición de las economías en dificultades. Y en reforzar la regulación de los mercados financieros y la supervisión de su funcionamiento de forma verdaderamente global. Todo ello muy unido al estrecho control de las muy cuestionadas agencias de calificación crediticia.
La peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929 no ha nacido en Europa, pero es aquí donde experimenta sus más adversas implicaciones de la mano de una recesión extrema y del contagio al conjunto del sistema bancario. Es razonable, por ello, que Alemania esté inquieta y trate de neutralizar consecuencias aún peores a las ya explicitadas.
Pero la mayor preocupación del momento está asociada al deterioro de la situación económica en los países del centro y este de Europa y los riesgos que ello entraña para la zona euro. La caída de las exportaciones y de las remesas de los emigrantes, junto con la retirada de los capitales occidentales llegados a esos países en los últimos años está erosionando su solvencia, lo que afecta a países como Austria, que ha financiado a esas economías por un importe equivalente al 80% de su PIB.
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Los jefes de Gobierno y Estado de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia -integrados en el G-7- más los de España, Holanda, Luxemburgo y República Checa, esta última como país presidente de turno de la Unión Europea, acordaron un plan en el que destaca la exhortación al combate contra los paraísos fiscales, con sanciones "que han de ser creadas lo antes posible". Tantas veces invocado como aplazado, este problema se considera ahora clave para hacer frente al componente financiero de la crisis. También hubo acuerdo sobre la necesidad de duplicar los recursos a disposición del FMI para poder ponerlos con rapidez a disposición de las economías en dificultades. Y en reforzar la regulación de los mercados financieros y la supervisión de su funcionamiento de forma verdaderamente global. Todo ello muy unido al estrecho control de las muy cuestionadas agencias de calificación crediticia.
La peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929 no ha nacido en Europa, pero es aquí donde experimenta sus más adversas implicaciones de la mano de una recesión extrema y del contagio al conjunto del sistema bancario. Es razonable, por ello, que Alemania esté inquieta y trate de neutralizar consecuencias aún peores a las ya explicitadas.
Pero la mayor preocupación del momento está asociada al deterioro de la situación económica en los países del centro y este de Europa y los riesgos que ello entraña para la zona euro. La caída de las exportaciones y de las remesas de los emigrantes, junto con la retirada de los capitales occidentales llegados a esos países en los últimos años está erosionando su solvencia, lo que afecta a países como Austria, que ha financiado a esas economías por un importe equivalente al 80% de su PIB.
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