Hernan Cappiello y Gabriel Sued LA NACION de Buenos Aires
Dos espías argentinos que se habían recluido el año pasado en Uruguay luego de quedar acusados ante la Justicia de haber intervenido correos electrónicos de políticos, periodistas y personajes de la farándula, amenazan con revelar secretos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), decir para quién trabajaban y nombrar al que les encargó la operación clandestina.
Uno de ellos, Pablo Carpintero, se entregará hoy a la Justicia, según informaron a LA NACION sus abogados, Alejandro Soñis y Alejandro Farjat. Llegará hoy en Buquebus, proveniente de Montevideo, y contaría su verdad hoy o mañana, cuando lo interrogue la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que retomó la causa mientras se define una cuestión de competencia.
Su compañero, Iván Velázquez, preso en Montevideo, acusado de robar a la policía uruguaya una base de datos con registros de usuarios de armas, está escribiendo una autobiografía, desde su celda del Complejo Carcelario Comcar, a 20 kilómetros de Montevideo. La publica en un sitio de internet por capítulos: una presión poco sutil con destinatarios sólo conocidos por los protagonistas de esta trama oculta.
Los dos habían llegado a Uruguay en mayo pasado, luego de que estalló el escándalo: se descubrió que habían intervenido correos electrónicos del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; de periodistas reconocidos; de políticos de la oposición, como Hilda "Chiche" Duhalde, y de jueces de la Corte Suprema, como Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
En la causa también están imputados el jefe de la SIDE durante el menemismo Juan "Tata" Yofre, el ex secretario general del Ejército Daniel Raimundes y el presidente del sitio de Internet Seprin, Héctor Alderete.
En los documentos de la causa figura un intercambio de mensajes entre las casillas que serían de Velázquez y del ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firma como "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llamaba "Aníbal".
Pelea interna
Los espías pidieron asilo político en Uruguay y argumentaron que los perseguían por una pelea interna en la SIDE, entre el director de Operaciones, Antonio Stiusso, y el director de Reunión Interior, Gustavo Pocino. Según ellos, Pocino les habría pedido que "hackearan" las casillas de correos electrónicos de Alberto Fernández y de otros funcionarios. "De Cristina Fernández para abajo, a todos", dijeron que había sido la instrucción.
Al poco tiempo, Velázquez fue detenido por un caso de coimas, cuando supuestamente ofreció dinero a un funcionario uruguayo para regularizar su situación migratoria del otro lado del Río de la Plata. Lo excarcelaron, pero a comienzos de 2009 fue nuevamente preso. Sus abogados relataron que cuando pasó por las comisarías montevideanas advirtió que el programa para registrar a los usuarios de armas era bastante precario, por lo que les donó un software. Pero al poco tiempo el sistema falló, por lo que fue a repararlo. En ese momento, según la acusación uruguaya, se habría apropiado de una copia de esa base de datos. Arroyo Salgado informará a la justicia uruguaya que prevé solicitar la extradición de Velázquez.
Dos espías argentinos que se habían recluido el año pasado en Uruguay luego de quedar acusados ante la Justicia de haber intervenido correos electrónicos de políticos, periodistas y personajes de la farándula, amenazan con revelar secretos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), decir para quién trabajaban y nombrar al que les encargó la operación clandestina.
Uno de ellos, Pablo Carpintero, se entregará hoy a la Justicia, según informaron a LA NACION sus abogados, Alejandro Soñis y Alejandro Farjat. Llegará hoy en Buquebus, proveniente de Montevideo, y contaría su verdad hoy o mañana, cuando lo interrogue la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que retomó la causa mientras se define una cuestión de competencia.
Su compañero, Iván Velázquez, preso en Montevideo, acusado de robar a la policía uruguaya una base de datos con registros de usuarios de armas, está escribiendo una autobiografía, desde su celda del Complejo Carcelario Comcar, a 20 kilómetros de Montevideo. La publica en un sitio de internet por capítulos: una presión poco sutil con destinatarios sólo conocidos por los protagonistas de esta trama oculta.
Los dos habían llegado a Uruguay en mayo pasado, luego de que estalló el escándalo: se descubrió que habían intervenido correos electrónicos del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; de periodistas reconocidos; de políticos de la oposición, como Hilda "Chiche" Duhalde, y de jueces de la Corte Suprema, como Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
En la causa también están imputados el jefe de la SIDE durante el menemismo Juan "Tata" Yofre, el ex secretario general del Ejército Daniel Raimundes y el presidente del sitio de Internet Seprin, Héctor Alderete.
En los documentos de la causa figura un intercambio de mensajes entre las casillas que serían de Velázquez y del ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firma como "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llamaba "Aníbal".
Pelea interna
Los espías pidieron asilo político en Uruguay y argumentaron que los perseguían por una pelea interna en la SIDE, entre el director de Operaciones, Antonio Stiusso, y el director de Reunión Interior, Gustavo Pocino. Según ellos, Pocino les habría pedido que "hackearan" las casillas de correos electrónicos de Alberto Fernández y de otros funcionarios. "De Cristina Fernández para abajo, a todos", dijeron que había sido la instrucción.
Al poco tiempo, Velázquez fue detenido por un caso de coimas, cuando supuestamente ofreció dinero a un funcionario uruguayo para regularizar su situación migratoria del otro lado del Río de la Plata. Lo excarcelaron, pero a comienzos de 2009 fue nuevamente preso. Sus abogados relataron que cuando pasó por las comisarías montevideanas advirtió que el programa para registrar a los usuarios de armas era bastante precario, por lo que les donó un software. Pero al poco tiempo el sistema falló, por lo que fue a repararlo. En ese momento, según la acusación uruguaya, se habría apropiado de una copia de esa base de datos. Arroyo Salgado informará a la justicia uruguaya que prevé solicitar la extradición de Velázquez.
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