La petición formal de asilo del líder opositor venezolano Manuel Rosales coloca a nuestra cancillería, y al Gobierno Peruano, ante lo que debe ser una decisión ajustada a una evaluación objetiva y ponderada, pero también a los preceptos del derecho, la doctrina y la reconocida tradición peruana promotora del asilo.
Veamos. La trayectoria política de Rosales es ampliamente conocida. Aparte de ser alcalde de Maracaibo se ha erigido como una figura descollante del movimiento opositor, primero regional y luego nacional, por lo que se ganó el odio del autócrata Hugo Chávez. Además, se da como circunstancia agravante —que abona para conceder el asilo— la amenaza de Chávez de mandarlo a la cárcel en uno de sus mítines: “Te voy a borrar del mapa político venezolano estoy decidido a meter preso a Rosales”, dijo.
La reacción del aparato gubernamental venezolano, que no se caracteriza por la independencia de sus poderes públicos sino por el sometimiento a Chávez, ha sido rápida y previsible. Primero Rosales fue denunciado judicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial cuando fue gobernador del estado de Zulia. Paralelamente, Chávez creó una serie de organismos paralelos que resten poder, peso político y capacidad de gestión a las autoridades regionales y alcaldías. Y ayer mismo se dio una orden de captura contra Rosales.
¿Sorprende, en estas circunstancias, la salida de Rosales de su país y su petición de asilo? Pues, definitivamente, no.
En el Perú somos respetuosos de la soberanía de cada país, pero también, de acuerdo con el mandato constitucional (art. 36) nuestro “Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”.
Siga leyendo el editorial del diario El Comercio de Lima
Veamos. La trayectoria política de Rosales es ampliamente conocida. Aparte de ser alcalde de Maracaibo se ha erigido como una figura descollante del movimiento opositor, primero regional y luego nacional, por lo que se ganó el odio del autócrata Hugo Chávez. Además, se da como circunstancia agravante —que abona para conceder el asilo— la amenaza de Chávez de mandarlo a la cárcel en uno de sus mítines: “Te voy a borrar del mapa político venezolano estoy decidido a meter preso a Rosales”, dijo.
La reacción del aparato gubernamental venezolano, que no se caracteriza por la independencia de sus poderes públicos sino por el sometimiento a Chávez, ha sido rápida y previsible. Primero Rosales fue denunciado judicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial cuando fue gobernador del estado de Zulia. Paralelamente, Chávez creó una serie de organismos paralelos que resten poder, peso político y capacidad de gestión a las autoridades regionales y alcaldías. Y ayer mismo se dio una orden de captura contra Rosales.
¿Sorprende, en estas circunstancias, la salida de Rosales de su país y su petición de asilo? Pues, definitivamente, no.
En el Perú somos respetuosos de la soberanía de cada país, pero también, de acuerdo con el mandato constitucional (art. 36) nuestro “Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”.
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