El Gobierno golpista de Roberto Micheletti ha declarado el estado de sitio en respuesta a la presencia del depuesto presidente Zelaya en la Embajada de Brasil en Honduras. Libertades como las de expresión, reunión o libre circulación, así como las garantías a los detenidos, quedarán en suspenso durante los próximos 45 días.
También en el plano internacional Micheletti ha endurecido su posición, impidiendo la entrada en el país de dos funcionarios de la OEA y el regreso del embajador de España, además de conceder un plazo de 10 días a Brasil para que defina el estatus bajo el que ha acogido a Zelaya en su legación diplomática. Con estas medidas de fuerza, Micheletti no ha hecho otra cosa que mostrar a la luz del día lo que trató de ocultar tras acceder a la presidencia en brazos del Ejército: su Gobierno es incompatible, tanto en origen como en ejercicio, con la Constitución hondureña.
Al proclamar que el estado de sitio se prolongará durante un mes y medio, Micheletti pretende llegar a las presidenciales de noviembre bajo la actual situación de hecho. Si bajo ninguna circunstancia tenía legitimidad para llamar a elecciones, ahora menos que nunca: Micheletti ha ordenado el cierre de medios de comunicación que se opongan a su Gobierno y la persecución de los opositores. Lo que, si logra seguir adelante con sus planes, se trataría de una convocatoria electoral realizada por una autoridad sin atribuciones se convertiría, además, en una pantomima que, en último extremo, revela la verdadera naturaleza del poder que se ha instalado en Honduras.
Micheletti no ha podido adoptar disposiciones interiores tan graves como la declaración del estado de sitio sin enfrentarse a la comunidad internacional, puesto que ésta es unánime en la exigencia de restablecer el orden constitucional en Honduras. Se equivoca si piensa que su desafío se limita a la OEA, a Brasil y a España: el paso que acaba de dar aísla aún más a su Gobierno y permite observar lo que había detrás de sus inverosímiles argumentos jurídicos para deponer a Zelaya.
Siga leyendo el editorial del diario El País de España
También en el plano internacional Micheletti ha endurecido su posición, impidiendo la entrada en el país de dos funcionarios de la OEA y el regreso del embajador de España, además de conceder un plazo de 10 días a Brasil para que defina el estatus bajo el que ha acogido a Zelaya en su legación diplomática. Con estas medidas de fuerza, Micheletti no ha hecho otra cosa que mostrar a la luz del día lo que trató de ocultar tras acceder a la presidencia en brazos del Ejército: su Gobierno es incompatible, tanto en origen como en ejercicio, con la Constitución hondureña.
Al proclamar que el estado de sitio se prolongará durante un mes y medio, Micheletti pretende llegar a las presidenciales de noviembre bajo la actual situación de hecho. Si bajo ninguna circunstancia tenía legitimidad para llamar a elecciones, ahora menos que nunca: Micheletti ha ordenado el cierre de medios de comunicación que se opongan a su Gobierno y la persecución de los opositores. Lo que, si logra seguir adelante con sus planes, se trataría de una convocatoria electoral realizada por una autoridad sin atribuciones se convertiría, además, en una pantomima que, en último extremo, revela la verdadera naturaleza del poder que se ha instalado en Honduras.
Micheletti no ha podido adoptar disposiciones interiores tan graves como la declaración del estado de sitio sin enfrentarse a la comunidad internacional, puesto que ésta es unánime en la exigencia de restablecer el orden constitucional en Honduras. Se equivoca si piensa que su desafío se limita a la OEA, a Brasil y a España: el paso que acaba de dar aísla aún más a su Gobierno y permite observar lo que había detrás de sus inverosímiles argumentos jurídicos para deponer a Zelaya.
Siga leyendo el editorial del diario El País de España
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario