En un tiempo récord e inversamente proporcional al que emplea para sustanciar otras causas delicadas, el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a la Presidenta y a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, quienes estaban acusados de enriquecimiento ilícito a partir de sus declaraciones juradas de bienes correspondientes al año pasado, cuando su patrimonio aumentó bruscamente nada menos que en 28 millones de pesos.
En esta columna hemos advertido que ese peligro era real porque llamaba la atención la irrefrenable locuacidad del juez ante los micrófonos y las cámaras de televisión cuando se trataba de brindar datos sobre la causa de los medicamentos adulterados, mientras que, en la del matrimonio Kirchner, el magistrado no dudaba en recibir en su despacho al contador de la pareja presidencial, para luego aceptarlo como perito de parte de los dos acusados, cuando a esas alturas de la investigación aún no podía descartarse que el contador también pudiera terminar imputado. Obviamente, ya entonces Oyarbide sabía que eso jamás ocurriría.
El juez clausuró la investigación de poco menos de un año de duración, iniciada a partir de una información de LA NACION, basándose en un informe de un perito contable de la Corte Suprema, que, según trascendió de fuentes judiciales, no habría arrojado elementos como para imputarles enriquecimiento ilícito a la Presidenta ni a su esposo por su declaración de bienes del año pasado.
No todos los jueces tienen en cuenta que los peritajes, incluidos los oficiales, no constituyen sentencias ni pueden condicionarlas por completo pues, siendo importantes elementos de prueba, el juez, en el momento de resolver la situación de los imputados, debe sopesarlos junto con los demás elementos que ha recogido en el expediente. Más aún cuando, como reconoció el presidente de la Corte, algunos cuerpos periciales del máximo tribunal, como el de los contadores, se encuentran bajo investigación debido a sospechas sobre su objetividad.
Por tratarse ni más ni menos que de la declaración jurada del hombre y la mujer que gobiernan la Argentina desde hace más de seis años, por tratarse de una declaración de bienes que arroja sorprendentes incrementos patrimoniales y por tratarse de la tercera investigación judicial sobre la envidiable capacidad del matrimonio para multiplicar permanentemente su riqueza -una causa anterior también se cerró con un sobreseimiento y una segunda fue archivada-, el juez Oyarbide debería haber realizado investigaciones propias sobre el origen y las características de la riqueza presidencial.
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En esta columna hemos advertido que ese peligro era real porque llamaba la atención la irrefrenable locuacidad del juez ante los micrófonos y las cámaras de televisión cuando se trataba de brindar datos sobre la causa de los medicamentos adulterados, mientras que, en la del matrimonio Kirchner, el magistrado no dudaba en recibir en su despacho al contador de la pareja presidencial, para luego aceptarlo como perito de parte de los dos acusados, cuando a esas alturas de la investigación aún no podía descartarse que el contador también pudiera terminar imputado. Obviamente, ya entonces Oyarbide sabía que eso jamás ocurriría.
El juez clausuró la investigación de poco menos de un año de duración, iniciada a partir de una información de LA NACION, basándose en un informe de un perito contable de la Corte Suprema, que, según trascendió de fuentes judiciales, no habría arrojado elementos como para imputarles enriquecimiento ilícito a la Presidenta ni a su esposo por su declaración de bienes del año pasado.
No todos los jueces tienen en cuenta que los peritajes, incluidos los oficiales, no constituyen sentencias ni pueden condicionarlas por completo pues, siendo importantes elementos de prueba, el juez, en el momento de resolver la situación de los imputados, debe sopesarlos junto con los demás elementos que ha recogido en el expediente. Más aún cuando, como reconoció el presidente de la Corte, algunos cuerpos periciales del máximo tribunal, como el de los contadores, se encuentran bajo investigación debido a sospechas sobre su objetividad.
Por tratarse ni más ni menos que de la declaración jurada del hombre y la mujer que gobiernan la Argentina desde hace más de seis años, por tratarse de una declaración de bienes que arroja sorprendentes incrementos patrimoniales y por tratarse de la tercera investigación judicial sobre la envidiable capacidad del matrimonio para multiplicar permanentemente su riqueza -una causa anterior también se cerró con un sobreseimiento y una segunda fue archivada-, el juez Oyarbide debería haber realizado investigaciones propias sobre el origen y las características de la riqueza presidencial.
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