La fiscalía chilena se ha encargado de nivelar las expectativas peruanas respecto de lo que se esperaba de ella en el tema del espionaje.En otras palabras ha dejado transparentar, a su interior, algunos bemoles que, como en la música, no hacen más que bajar los buenos tonos a los que nos habíamos acostumbrado a oír en la última semana.
No hace mucho hasta el presidente Alan García calificó de civilizada la oferta chilena de colaborar con la justicia peruana, en el sobreentendido de que las fiscalías de acá y de allá investigarían a fondo las actividades del suboficial FAP Víctor Ariza y sus contactos civiles y militares en Santiago.
Ahora resulta que la fiscalía chilena no promete investigar sino lo que buenamente le pida su similar peruana, descartando, en principio, hacerlo de propia iniciativa, con lo que, a la vista, las autoridades gubernamentales y judiciales peruanas tendrían también que mostrarse en adelante mucho menos entusiastas y más escépticas.
Quizás Chile pretenda simplemente cumplir las formalidades que le obliga la jurisdicción interamericana en materia de colaboración entre las fiscalías, y nada más. En el fondo podría temer que una investigación fiscal propia revelara responsabilidades militares tan graves vinculadas al espionaje denunciado, que no alcanzaría a revertir ni controlar sus efectos.
De hecho Ariza estableció en Santiago importantes contactos civiles y militares, sin los cuales su trabajo de espionaje no habría tenido ninguna razón de ser. Lo que busca el Perú es que Chile no solo verifique las identidades de esos contactos, sino que las investigue. Ariza espiaba para Chile. Por consiguiente, el control de daño no tiene que circunscribirse al Perú. Chile tiene que mostrarse interesado no únicamente en las investigaciones de la fiscalía peruana, sino también en aquellas otras suyas que lleven a esclarecer quiénes y cómo pagaban a Ariza por los secretos militares extraídos.
Siga leyendo el artículo del editor Juan Paredes Castrodel diario El Comercio de Lima
No hace mucho hasta el presidente Alan García calificó de civilizada la oferta chilena de colaborar con la justicia peruana, en el sobreentendido de que las fiscalías de acá y de allá investigarían a fondo las actividades del suboficial FAP Víctor Ariza y sus contactos civiles y militares en Santiago.
Ahora resulta que la fiscalía chilena no promete investigar sino lo que buenamente le pida su similar peruana, descartando, en principio, hacerlo de propia iniciativa, con lo que, a la vista, las autoridades gubernamentales y judiciales peruanas tendrían también que mostrarse en adelante mucho menos entusiastas y más escépticas.
Quizás Chile pretenda simplemente cumplir las formalidades que le obliga la jurisdicción interamericana en materia de colaboración entre las fiscalías, y nada más. En el fondo podría temer que una investigación fiscal propia revelara responsabilidades militares tan graves vinculadas al espionaje denunciado, que no alcanzaría a revertir ni controlar sus efectos.
De hecho Ariza estableció en Santiago importantes contactos civiles y militares, sin los cuales su trabajo de espionaje no habría tenido ninguna razón de ser. Lo que busca el Perú es que Chile no solo verifique las identidades de esos contactos, sino que las investigue. Ariza espiaba para Chile. Por consiguiente, el control de daño no tiene que circunscribirse al Perú. Chile tiene que mostrarse interesado no únicamente en las investigaciones de la fiscalía peruana, sino también en aquellas otras suyas que lleven a esclarecer quiénes y cómo pagaban a Ariza por los secretos militares extraídos.
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