A la inquietud por la posibilidad de un fallo "salomónico" se sumó el agotamiento de un viaje rocambolesco: los diplomáticos argentinos que hoy recibirán la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos viajaron más de 34 horas para llegar a La Haya.
Cuando La Nacion se comunicó anoche con ellos todavía les faltaban 400 kilómetros de ruta por recorrer, alternativa por la que debieron optar ante la caótica situación del tráfico aéreo en Europa, provocada por la erupción del volcán islandés (ver aparte). La delegación, de todos modos, tendrá tiempo para descansar, porque el fallo se conocerá aquí a las 15 (las 10 en la Argentina).
El gobierno de Buenos Aires se declara confiado respecto del dictamen que emitirá la CIJ por la demanda presentada contra Uruguay por presunta violación del Estatuto del Río Uruguay.
"Esperamos ver reflejado en el fallo la argumentación de estos cuatro años. Esperamos que la Corte rescate la vigencia de un documento clave para el futuro del río, que es el estatuto que lo regula", dijo a La Nacion la jefa de la misión, embajadora Susana Ruiz Cerutti, antes de viajar.
La Argentina demandó a Uruguay en mayo de 2006 y alegó tres violaciones: una autorización unilateral para la instalación de la planta de celulosa de la firma finlandesa Botnia en Fray Bentos, frente a Gualeguay- chú; otra para el caso de la empresa española ENCE (luego desistió de hacerla), también sobre el limítrofe río Uruguay y, por último, la habilitación para construir un puerto para facilitar operaciones.
También el canciller Jorge Taiana reiteró su confianza antes de partir a Venezuela con la Presidenta para participar en los actos del bicentenario de ese país. El jefe de la diplomacia expresó su esperanza de que la Corte reconozca "la justicia" del planteo argentino.
Pero, a pesar de las declaraciones de optimismo, el temor de un fallo "salomónico" está presente en todos los espíritus. La decisión que dará a conocer hoy la CIJ es vinculante. En otras palabras, deberá ser acatada por ambas partes, sin recurso posible, según los reglamentos de Naciones Unidas.
En ese caso, tanto la Cancillería como la Presidencia dejan entender que se reforzará el presupuesto y se profundizará el plan de vigilancia ambiental, coordinado por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Ese programa se aplica en el área de influencia de la pastera, a fin de reunir elementos legales que pudieran ser utilizados en el futuro. El plan dispone de $ 14 millones anuales y comenzó a funcionar en 2007, con el objetivo de aportar argumentos.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario