Agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron y detuvieron a 105 inmigrantes indocumentados cuando caminaban por un área desértica del sur de Arizona. Horas después, el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunciaba el inicio de una nueva redada en contra de inmigrantes ilegales y delincuentes.
Los arrestos se produjeron en la misma jornada en que la indignación en torno a la ley estatal SB1070 de Arizona, aprobada por la gobernadora republicana Jan Brewer para combatir la inmigración ilegal se tradujo en la presentación de dos demandas y más llamados a un boicot económico en contra del estado.
Los indocumentados detenidos ayer eran en su mayoría mexicanos y centroamericanos, según explicó la Patrulla Fronteriza en un comunicado.
Las detenciones se realizaron el miércoles, después de que agentes asignados a la estación de Casa Grande y que operaban un sistema de vigilancia de cámaras móviles, detectaran la presencia de tres posibles grupos de indocumentados en el área cercana a las montañas.
Arpaio, conocido por su mano dura contra los migrantes, anunció a la vez el inicio de un operativo para encontrar indocumentados y añadió que las redadas se concentrarán en zonas de alta criminalidad, en busca de contrabandistas de inmigrantes y las casas que usan para ocultarlos. Esta sería la décimoquinta redada que realiza el temido “sheriff” desde principios de 2008.
La situación para los migrantes es cada vez más crítica en este estado y, si la SB1070, que el gobierno de Nicaragua calificó ayer de “cacería de brujas” entra en vigor, empeorará más.
Tan sólo ayer fueron presentadas dos demandas en contra de la polémica ley, que convierte en delito la inmigración ilegal en el estado y permite a las autoridades detener a cualquier persona ante la sospecha de que no se encuentre legalmente en el país.
Una de las demandas fue presentada por Martín Escobar, un veterano de 15 años de la policía de Tucson.
Escobar —patrullero nocturno en el área de Tucson— argumentó que no hay forma en que los agentes puedan comprobar el estatus migratorio de la gente sin obstaculizar sus investigaciones, y que la nueva ley viola diversos derechos constitucionales estadounidenses. La querella asevera que la legislación podría dificultar investigaciones policiacas en áreas habitadas predominantemente por hispanos.
La otra demanda fue presentada por la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos, que busca obtener un mandato judicial que evite que las autoridades apliquen una ley que, consideran, viola los derechos procesales permitiendo que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados.
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