La reforma de su Constitución, por impulso de un partido islamista, acerca a Turquía a la UE. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha salido airoso de una de sus más arriesgadas iniciativas desde que irrumpió en la escena política turca al frente del AKP, un partido de orientación islamista: la reforma de la Constitución de 1982, redactada bajo el Gobierno militar llegado al poder tras un golpe de Estado dos años antes. El peligro de que el referéndum del domingo se volviera en su contra fue suficientemente conjurado, tanto por la alta participación como por la clara victoria del sí. Erdogan dispone ahora de un camino más despejado para optar a un tercer mandato en las elecciones generales previstas en 2011.
Aparte de ampliar a los funcionarios algunos derechos que hasta ahora tenían limitados, como los de huelga y negociación colectiva, y de establecer una protección reforzada para los niños, los huérfanos, las viudas o los veteranos de guerra, el núcleo de la reforma se dirigía a reconfigurar el poder judicial y a reforzar la supremacía civil frente al Ejército. No solo pone fin al papel de los militares como garantes de las esencias laicas y nacionalistas del Estado fundado en 1923 por Kemal Ataturk; además, abre la puerta para que puedan ser juzgados por tribunales civiles
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