El argumento principal para justificar la firma del Decreto ha sido resolver un problema muchas veces señalado desde hace varios años: el subsidio a los carburantes, además de ser oneroso para el Estado, beneficiaba en primer lugar a las mafias de contrabandistas, que aprovechaban una muy ventajosa diferencia de precios entre el combustible en Bolivia y todos los países vecinos.
Sobre el primer aspecto, los datos oficiales señalan que si el 2005 el subsidio le costaba al país poco menos de 100 millones de dólares anuales, el 2010 le costó cuatro veces más. Sobre el contrabando, precisamente el hecho de haber mantenido congelado el precio de los carburantes durante tantos años hizo que la brecha sea cada vez mayor y el ilícito negocio más lucrativo.
Los economistas más serios coinciden en que esta medida, por muy impopular que parezca, era necesaria; en el Gobierno han dicho que por esa misma razón había que tomarla en algún momento. La última vez que se recuerda un debate a fondo sobre la materia fue el 2004, y el gobierno de entonces, a diferencia del actual, no tuvo la fuerza suficiente para ejecutar esa decisión.
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