En su desorientación, las autoridades han hecho público un documento que hace recuerdo a los “comunicados” de los tiempos de las dictaduras
Una vez más –y como sucede desde diciembre pasado- el Gobierno no atina a solucionar con creatividad, autoridad y sentido de equidad los conflictos sociales que se han gestado por la falta de una estrategia de negociación entre las autoridades del poder central y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la mayoría de las organizaciones a ella afiliadas.
Salvo para quienes propician esta movilización, está claro que la demanda por un incremento salarial de más del 10 por ciento es una demasía que no se sustenta sino en una visión de corto plazo y que, aparentemente, no recuerda que los costos fundamentales de un proceso inflacionario –que podría provocar un incremento sin respaldo de producción—los pagan los más pobres del país. De ahí que se debe buscar equilibrios macro y microeconómicos que permitan que a tiempo de persistir en la política del mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, se precautele la buena salud de la economía del país.
Sin embargo, ante la demanda el Gobierno ha reaccionado erráticamente. Insensibles a la sana crítica, las autoridades no asumen que se está pagando el costo del incremento y posterior anulación del precio de los carburantes que produjo, por un lado, un aumento generalizado de precios y, por el otro, en el campo de las percepciones en el seno del movimiento popular un divorcio con el Gobierno. Es decir, los lazos afectivos que unían al movimiento popular con el MAS y el Gobierno se han debilitado y sólo la figura presidencial, por todo aquello del simbolismo que éste representa, mantenía, aunque afectados, niveles de credibilidad y confianza.
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