Moyano busca medir su poder con una Plaza de Mayo desbordante

Enfrentado con la Casa Rosada como nunca antes durante toda la administración kirchnerista, y con internas sindicales que agrietan su poder, Hugo Moyano llevará hoy hasta el límite su disputa con Cristina Kirchner al activar un paro nacional de camioneros con una movilización a la Plaza de Mayo. Sin el respaldo de todo el arco gremial, y tras un duro cruce retórico con la Presidenta, el líder de la CGT exigirá frente a la sede gubernamental una suba del umbral del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias y la universalización de las asignaciones familiares. En la CGT estimaron anoche que podrían congregar a unas 150.000 personas. Temen los organizadores posibles desbordes y disturbios tras la medida tomada ayer por la jefa del Estado de retirar a los efectivos de la Gendarmería y de la Policía Federal del operativo de seguridad dispuesto para la manifestación. A través de un comunicado, la CGT sentó su postura: "Hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier intento que pretenda enturbiar o entorpecer el pacífico de los argentinos".

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Además, Moyano dijo: "No necesita ni poner custodia en la Casa de Gobierno porque los trabajadores protestan como corresponde. Pero si ocurre un incidente, yo sé a quién responsabilizar". Su hijo Facundo abonó la especulación al señalar: "Tengo algún temor de que pase algo, y seguro que si sucede, no será por culpa de los trabajadores". Hugo Moyano aprovechará el escenario para responder a las críticas kirchneristas, que acusaron al jefe de los camioneros de "golpista" y de intentos de desestabilizar al Gobierno. Le dedicará, además, expresiones directas a Cristina Kirchner, que puso ayer en duda cuán peronista es el referente sindical. Pero uno de los ejes del discurso de Moyano, además de insistir en sus reclamos tributarios y por las asignaciones familiares, será fustigar la criminalización de la protesta social. Según un allegado al camionero, evocará "la persecución judicial" que hubo con algunos dirigentes y no se descarta que eleve un nuevo planteo por la millonaria deuda que, dice, el Estado mantiene con las obras sociales sindicales.

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