La larga marcha a La Habana

Entre el último trimestre de 2010, cuando se hicieron los primeros contactos del gobierno con Alfonso Cano, entonces líder de las Farc, y el 26 de agosto de 2012, cuando se firmó el acuerdo en La Habana para iniciar negociaciones para poner fin al conflicto armado, transcurrieron dos años de un complejo proceso que llevó a una guerrilla convencida de la lucha armada por más de medio siglo a aceptar la posibilidad de que esta termine con su desmovilización. ¿Cómo fue el proceso de decisión que llevó a los negociadores de las Farc a firmar un documento que habla de un fin del conflicto, dejación de armas y reintegración a la vida civil, de verdad y resarcimiento a las víctimas? Una discusión interna que empezó con Alfonso Cano; seis meses en los que varios de sus líderes estuvieron expuestos intensamente al contacto con enviados del gobierno, y una combinación de golpes militares y cambios en el entorno político regional y nacional, son las piezas claves para entender en qué están las Farc hoy.

Aunque en las negociaciones que vienen cualquier cosa puede pasar, todo indica que al acuerdo de La Habana se llegó porque las Farc, cuando Alfonso Cano era aún su comandante, tomaron una decisión política de fondo que las llevó a emprender conversaciones secretas -modalidad inusual para ellas- con el gobierno Santos. Tan de fondo, que el proceso no solo sobrevivió a la muerte de Cano a manos del Ejército, sino a reveses militares sufridos hasta por comandantes involucrados en las conversaciones, cuando estas apenas empezaban.


Debate y decisión
Todo empezó con Cano, en los últimos meses de 2010. Entonces, se retomaron contactos emprendidos por el gobierno de Álvaro Uribe en 2009 e interrumpidos, en marzo de 2010, por la crisis en torno a la demora en la entrega de los restos del mayor Julián Guevara, muerto en cautiverio a manos de las Farc. Según SEMANA ha podido averiguar, en ese momento las Farc habrían tomado la decisión de que no harían nada con el gobierno de Uribe, sino con quien lo sucediera.

Una muestra de que el jefe de las Farc encaraba en serio hablar de paz fue que retomó los contactos con el recién electo gobierno Santos, pese a la muerte del Mono Jojoy, en un bombardeo en septiembre de 2010. Cano habría encargado de los contactos con el gobierno a Timoleón Jiménez (Timochenko) y a Mauricio Jaramillo (el Médico). Un año después, a comienzos de noviembre de 2011, el líder de las Farc murió en otro bombardeo del Ejército, y se abrió el interrogante de si el proceso seguiría.

Sin embargo, poco después el presidente recibió una carta de un empresario del Valle, cercano a Pablo Catatumbo, otro miembro del Secretariado, según la cual las Farc se decían dispuestas a seguir hablando. Se sabe que Iván Márquez, número dos del Secretariado, se oponía con el argumento de que la sangre de Cano estaba demasiado fresca y las Farc no debían lucir ansiosas de negociar. Pero para sucederlo fue escogido Timochenko, quien tenía de su predecesor el mandato para explorar la negociación. 

Aunque todo indica que la discusión interna sobre la oportunidad de la negociación continúa -con Iván Márquez como cabeza del ala más escéptica-. Nada, ni siquiera tres grandes golpes militares durante las conversaciones de La Habana, que empezaron en febrero de este año, ha hecho vacilar la decisión de negociar adoptada por las Farc. Menos de un mes después de iniciadas, un bombardeo en Arauca cobró la vida de 33 guerrilleros (luego de una emboscada de las Farc en la que murieron 11 soldados del Ejército). Una semana más tarde, 39 guerrilleros entre ellos seis comandantes, todos bajo el mando del hombre clave de la delegación fariana, Mauricio Jaramillo, jefe del Bloque Oriental, perecieron en otro bombardeo, en el Meta. Y la rueda de prensa en la que las Farc anunciaron el acuerdo suscrito con el gobierno tuvo lugar según lo acordado, el 4 de septiembre, pese a que horas antes 17 guerrilleros del frente 33, del Catatumbo, murieron en un nuevo bombardeo, entre ellos su jefe, Danilo García, muy cercano a Timochenko. 

Entre lo militar y lo político 
Todo esto es evidencia de que, con todo y los debates internos del Secretariado, la decisión de negociar parece ser de fondo. Por supuesto, el vuelco que dio la administración Uribe a la ecuación de la guerra ha sido factor decisivo para inclinarlas en esa dirección. Basta comparar a las Farc de hoy con las de 2002-2003. 

La ofensiva militar oficial ha significado para las Farc una sustancial reducción en control de territorio, número de efectivos y capacidad de acción. El Estado, que ni siquiera hacía presencia en 400 municipios del país donde estas eran la autoridad de facto, hoy está concentrado en atacarlas en solo diez zonas a las que se han replegado. Según datos del Centro Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel, entre 2002 y 2011 pasaron de 233 acciones de sabotaje contra la infraestructura a 60, de 278 retenes a 30 y se pasó de atribuirles casi 1.000 secuestros en 2002 a 77 en 2011, antes de que anunciaran su decisión de suspender esa práctica extorsiva. Incluso los ataques contra la Fuerza Pública, que se han triplicado desde 2008, son bastante menos que en 2003 (324 en 2011 frente a 481 en ese año). Y, solo en lo que va de este gobierno, han caído dos miembros del Secretariado y 18 jefes de frente en operaciones militares y policiales.

El plan estratégico de las Farc fracasó. En 2002, un sinnúmero de frentes ocupaba la cordillera Oriental, uniendo el norte y el sur del país, varios de ellos buscando cercar a Bogotá, y las milicias estaban instaladas en Ciudad Bolívar. Por varios años, habían asestado un golpe tras otro a grandes unidades militares, movilizando fuerzas que llegaban a 800 hombres. Se hacían con éxito a cantidades inusitadas de armamento, como los 10.000 fusiles jordanos que consiguieron con ayuda del peruano Vladimiro Montesinos. Todo esto es asunto del pasado pese a que, desde la llegada de Cano al liderazgo, en 2008, han logrado una cierta reactivación, las Farc de hoy son una sombra de lo que eran en el Caguán.

Aunque se dicen triunfantes y monolíticas, como hizo Timochenko en sus intervenciones grabadas de estos días, las Farc son realistas. Poco antes de terminar la zona de distensión del Caguán, en 2002, el Mono Jojoy dijo: "En unos años nos veremos con el Caquetá y el Putumayo despejados o en un pueblito en Alemania". La Habana se parece más bien a lo segundo. Resultado no solo de los reveses militares sino, también, de cambios en la política. 

El espacio ganado por la izquierda legal en varios países del continente le resta cada día más justificación a la lucha armada. Organismos como la Comisión de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), impulsada por Hugo Chávez e integrada por 33 naciones de la región, incluida Colombia, son nuevos escenarios, alternos a la OEA y sin Estados Unidos (su presidencia la tiene hoy Chile, uno de los acompañantes del proceso de paz con las Farc, que se la pasará el año entrante a otro participante de las negociaciones, Cuba). A nivel nacional, algunas de las reformas del gobierno Santos, como la Ley de Víctimas o la anunciada ley de desarrollo rural, han de hecho quitado banderas a las Farc.

Seis meses de exposición
Un último elemento para entender cómo llegaron las Farc a firmar en La Habana un acuerdo con el gobierno que tiene la finalidad expresa de "poner fin al conflicto" y contempla temas tabú para ellas como dejación de armas, reintegración, víctimas o verdad, tiene que ver con los seis meses en los que interactuaron de manera intensa con los representantes oficiales. 

Hubo 65 días completos de reuniones en los que, por primera vez en años, jefes de las Farc estuvieron expuestos a los argumentos de los representantes de una nación que ha sufrido cambios institucionales, legales, económicos tan profundos como, en ocasiones, poco conocidos para quienes han asistido a ellos desde las montañas de Colombia. Al principio, las partes parecían estar a años luz en temas de fondo como el paramilitarismo y la política agraria, pero también en simples formulaciones como escribir 'soberanía alimentaria' o 'seguridad alimentaria'. Si en el Caguán las Farc aspiraban a refundar a Colombia, en La Habana, a través de cientos de horas de discusión, acordaron con el gobierno limitar la agenda a cinco puntos, que contienen lo esencial del conflicto armado, y los mecanismos para negociarlos "de manera expedita y en el menor tiempo posible".

El propio hecho de que se logre firmar un documento conjunto, luego de años de guerra sin cuartel, y la sola presencia en Cuba de delegados de la guerrilla, son evidencia de que las Farc (y, por supuesto, el gobierno) han dado pasos significativos en un tema crucial: la construcción de confianza. Basta imaginar lo que debe haber sido para sus líderes encarar la operación de salida de las selvas del Caquetá de Mauricio Jaramillo, sobre la cual, aun con la intervención de garantes internacionales, planeaba el fantasma de la Operación Jaque, el gran montaje de inteligencia que liberó a Íngrid Betancourt y a varios secuestrados.

Las Farc han suscrito un documento impensable hasta hace unos años, han sufrido severos golpes militares y, a todas luces, pasan por un momento en el que pueden estar repensando su accionar histórico. Sin embargo, sería un craso error negociar con ellas una salida barata, como con un grupo derrotado. Que logren encontrar, junto al gobierno, las fórmulas que las convenzan finalmente de entrar a la legalidad y ponerse a tono con las demandas y los tiempos de la política no será nada fácil. Pero todo indica que ambos entienden, así no lo digan, que esta es la última oportunidad de hacerlo.


Fuente. REVISTA SEMANA DE COLOMBIA