Hora cero en La Haya

La audiencia convocada para mañana (lunes) a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Corte Internacional de Justicia en La Haya tiene una importancia crucial para Colombia. A esa hora, en plena capital holandesa, el presidente del alto tribunal dará lectura a la sentencia que responderá a la demanda elevada por Nicaragua en el 2001, que en su momento puso en duda la soberanía del país sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Lo que está en juego no es poca cosa. Se trata no solo de una parte integral de nuestro territorio, con títulos que datan de la época de la Colonia y fueron ratificados tras la Independencia, sino de la sostenibilidad de unas 70.000 personas que habitan en dicho departamento y que derivan su sustento de la pesca, entre otras actividades. En tal sentido, existe una inmensa expectativa por el contenido de un fallo que es inapelable y de obligatorio cumplimiento.

Antes de entrar en las consideraciones respecto a los escenarios posibles, es necesario recordar que el proceso que está a punto de concluir fue iniciado a comienzos del presente siglo, por iniciativa de Managua, tras una serie de escaramuzas, que arreciaron desde el triunfo de la revolución sandinista en 1979. En tal sentido, a la administración Pastrana le correspondió preparar la defensa colombiana, estrategia que fue secundada por el gobierno de Álvaro Uribe y, más recientemente, por el de Juan Manuel Santos. No obstante, el tema lleva más de cuatro décadas de seguimiento y estudio desde la Cancillería, que ha acumulado un inmenso bagaje de conocimiento.

En cada instancia, el Ejecutivo de turno ha tenido el permanente acompañamiento de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la cual tienen asiento los expresidentes y diversos integrantes del Congreso, en representación de las principales bancadas. Por tal motivo, puede afirmarse que lo hecho hasta la fecha forma parte de una política de Estado, sobre la cual no puede haber digresiones ni dudas. Cualquier intento de un dirigente de apartarse de lo que resulte solo puede entenderse como un acto mezquino, si el pronunciamiento de la Corte nos fuera adverso.

Afortunadamente, hay elementos de fondo que llevan a pensar que eso no va a ser así. Para comenzar, en el 2007, el tribunal ratificó el punto central del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 en el sentido de que el archipiélago pertenece a Colombia. Puesto de otra manera, no existe duda alguna de que el tricolor nacional va a seguir ondeando en las tres islas que lo componen y que los sanandresanos seguirán entonando el himno con el mismo fervor de siempre.

Dicho lo anterior, sigue pendiente la suerte de los siete cayos en el área, entre ellos Roncador, Quitasueño y Serrana, así como el trazado de la división marítima, que, según los libros de historia, se encuentra en el meridiano 82. La fuente de esa postura tiene que ver con la evolución del derecho internacional con posterioridad al pacto de hace 84 años, que Nicaragua buscó desconocer. La Corte opinó que una línea de referencia territorial no podía ser considerada una frontera y, por lo tanto, asumió el papel de definirla.

Queda claro, entonces, que el tema fundamental es el trazado del nuevo límite. En sus absurdas pretensiones, Managua planteó inicialmente una línea media entre las costas continentales nicaragüenses y colombianas, a lo que siguió la propuesta de una plataforma extendida que llevaría las posesiones del país centroamericano a escasas 100 millas de Cartagena. Según esa posición, San Andrés y las demás islas quedarían como un enclave en el mar de la nación vecina.

En respuesta, Colombia presentó una opción totalmente razonable, como es la de una línea media ubicada entre el archipiélago y Nicaragua, que difiere un poco de la actual. De triunfar este planteamiento, se garantizaría una gran parte de las áreas marinas y submarinas en las que hoy hace presencia la Armada Nacional.

Anticipar la determinación de la Corte es imposible. A pesar de ello, es necesario reiterar que el país ha presentado sus argumentos apoyado en tres bases fundamentales: la historia, la geografía y el derecho. La correcta interpretación de todas ellas tendría que conducir a una sentencia razonable, en la que deberían pesar la coherencia y seriedad colombianas frente a las continuas provocaciones e irrespetos nicaragüenses.

Aunque siempre existe la probabilidad de un desenlace negativo, no está de más recordar que, a lo largo de su vida republicana, el país ha sido serio a la hora de cumplir con los compromisos hechos en el ámbito internacional. También es bueno tener en cuenta que la manera de proceder en este caso fue el resultado de un consenso, en el que primó la unidad entre sectores muchas veces antagónicos en otros escenarios.

En consecuencia, lo que procede ahora es esperar el dictamen que se produzca en La Haya con fe, pero, igualmente, con tranquilidad. Sea entonces esta la ocasión para hacerles sentir a los sanandresanos -quienes a veces se quejan de cierto olvido desde el continente- el compromiso del país entero con una causa que es de todos y en la cual la justicia, así sea ciega, necesita escuchar el clamor solidario de un pueblo que ha tenido, tiene y tendrá presencia en el Caribe, desde siempre y hasta el fin de los tiempos.

Fuente. EDITORIAL DEL DIARIO EL TIEMPO Y LOS MAPAS ABAJO MOSTRADOS TAMBIÉN SON TOMADOS DE ESE DIARIO