El jueves comenzó a regir en Colombia un rediseño de la política de reinserción de militantes de grupos armados ilegales, cuyo objetivo es potenciar los procesos de desmovilización y dar celeridad a los beneficios jurídicos y sociales para quienes abandonen la guerra.
Aunque no crea beneficios nuevos, la Resolución 0754 de 2013 –cuyo contenido conoció EL TIEMPO– sí refuerza varias de las ayudas que ya existían.
Uno de los puntos más novedosos de este documento es que los guerrilleros y paramilitares que estén presos por un delito anterior a la desmovilización podrán acceder a los beneficios, incluso a los económicos, cuando terminen de purgar su condena. Hasta ahora se les reconocía la condición de desmovilizados, pero no podían gozar de las ventajas que ofrecen los programas de reinserción.
Cabe precisar que los responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio, secuestro, crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario solo pueden acogerse a la ley de justicia y paz, pero no podrán acceder a los beneficios de la reintegración.
La nueva resolución contempla también que las personas que cumplan los requisitos podrán “solicitar el acceso a los beneficios” presentándose en la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) “dentro de los seis meses siguientes a la fecha” del cumplimiento de la pena. Esto pone un límite en el tiempo que antes no existía.
Los beneficios económicos también regirán cuando los desmovilizados salgan de la cárcel, pero se fijaron periodos específicos que, con la normativa anterior, no estaban claros.
De acuerdo con la nueva resolución, si un reinsertado está en un programa de educación tendrá derecho a recibir un subsidio de 160.000 pesos hasta por seis años y medio. No obstante, si pierde dos ciclos (escolares, técnicos o universitarios) se quedará sin estos recursos.
En el caso de los programas sociales, el tiempo máximo por el que se pagará el subsidio será de 30 meses, y si la persona tiene una condición especial –edad avanzada o discapacidad– la suma mensual que recibirá podrá ser hasta de 320.000 pesos.
La resolución también aclara la forma de realizar trabajos sociales como mecanismo de reinserción, y los procedimientos de monitoreo que se harán a las personas que accedan a los programas.
De cara a la paz
El mensaje que quiere enviar el Gobierno con esta reforma es que el país sí les otorga a los desmovilizados seguridad jurídica para acceder a beneficios por dejar las armas, pero con ciertas condiciones. Se busca también preparar a la institucionalidad para recibir a los militantes de las Farc que abandonen la lucha armada como resultado de los diálogos de La Habana. Cálculos preliminares indican que serían cerca de 9.000 ilegales, entre hombres y mujeres, los que se desmovilizarían tras los diálogos.
El Gobierno quiere evitar, además, que la falta de claridad legal sobre el futuro lejos de la guerra empuje a los reinsertados a empuñar de nuevo los fusiles, algo que ya ocurrió con algunos paramilitares desmovilizados.
Para nadie es un secreto que, de acordarse en Cuba la terminación del conflicto, no todos los alzados en armas las dejarán. Pero se quiere evitar al máximo la proliferación de grupos como las bandas criminales, que surgieron de estructuras ‘paras’ que no se entregaron y que luego reclutaron a varios reinsertados para seguir delinquiendo.
De hecho, de los 4.656 desmovilizados muertos desde el 2003 hasta mayo de este año, 3.079 fueron víctimas de homicidios, presuntamente por estar involucrados en actividades ilícitas.
Causas de expulsión
Reincidentes saldrán del programa
Reincidentes saldrán del programa
La resolución establece también las “sanciones e infracciones” por las que los reinsertados podrían perder sus beneficios. Una es la del “doble proceso de desmovilización”, es decir, se castigará a quienes se inscriban varias veces en los programas. Tampoco se permitirá “el porte o la tenencia de armas de fuego, amparadas o no”, en ninguno de los 30 centros de servicio que tiene la ACR. Quienes reincidan en delitos que generen condena también serán expulsados. Habrá, además, un mecanismo claro para los procesos de expulsión, que consistirá en una investigación preliminar, una etapa de formulación de cargos y un periodo probatorio y, finalmente, se anunciará la decisión.
‘Esta es una base importante si hay resultados en Cuba’
La necesidad de actualizar los procedimientos y beneficios que otorga el programa de reinserción fue la que llevó al Gobierno a rediseñar esta política con la Resolución 0754 del 2013.
Pero, además, en el Ejecutivo está claro que del fortalecimiento del actual programa de reintegración y la seguridad jurídica que se pueda otorgar en este campo dependerá la atención de quienes dejen las armas como resultado de la eventual firma de un acuerdo de paz con las Farc en los diálogos de Cuba.
Así lo planteó Omar Ochoa, secretario general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, quien advirtió que esta nueva estrategia es una base “importante” para diseñar una política que se acomode a las necesidades de un acuerdo en La Habana.
¿Qué persigue este rediseño de la política de reinserción?
Era necesario actualizar el instrumento normativo que se tiene para la implementación de los beneficios socioeconómicos previstos para los desmovilizados. Esta resolución aclara muchos conceptos y brinda seguridad jurídica frente al otorgamiento de los beneficios para quienes dejen las armas.
¿Por qué era necesaria?
Era necesaria para definir el alcance y la duración de los beneficios. Era necesario clarificarlos de cara a procesos de desmovilización que se presenten a corto plazo. Cabe aclarar que con las bandas criminales no tenemos competencia para que entren a nuestro programa, porque el único marco legal que existe para estos grupos es el del sometimiento.
¿Esta es la base para atender los resultados que se puedan dar en La Habana?
Trabajamos en ambos escenarios. Estamos listos para una desmovilización masiva si se materializan los acuerdos de La Habana, pero también estamos listos si no hay acuerdos de paz y se incrementen las desmovilizaciones de las Farc y del Eln. Es lo que tenemos actualmente. Avizoraríamos que para un escenario posterior habría un marco distinto, pero esta es una base importante para diseñarlo porque llevamos 10 años de trabajo en reintegración.
¿Desde cuándo está en vigencia esta resolución?
Esta resolución comenzó a regir el jueves 25 de julio del 2013, cuando fue publicada en el Diario Oficial.
Dudas para atender a jefes ‘paras’
Entre el 2014 y el 2015 saldrían libres 34 altos mandos paramilitares, que cumplirían la pena de 8 años que les impone la ley de justicia y paz.
El problema, que viene analizando el Gobierno desde principios de año, es saber qué pasará con estas personas y a qué se van a dedicar para impedir que sigan delinquiendo.
El asunto no es menor. Entre los 34 que quedarían en libertad están jefes paramilitares como Daniel Rendón, alias el ‘Alemán’, e Iván Roberto Duque, conocido como ‘Ernesto Báez’, responsables de múltiples delitos.
Lo que se hará es emitir en los próximos meses un acto administrativo que los obligará a hacer parte de los programas de reinserción –con todos los beneficios–, lo cual permite que, tras recuperar su libertad, permanezcan bajo la lupa del Gobierno; pero también se persigue que, si reinciden en actividades delictivas, inmediatamente sean expulsados de los programas y, además, se les levante la pena alternativa para que tengan que purgar completamente las sentencias que tengan por los delitos que cometieron como paramilitares.
Esta medida, que ya está bien avanzada, contendrá puntos específicos de aplicación, que ya están siendo diseñados.
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