El Gobierno de Ollanta Humala cierra su segundo año con el beneplácito de los analistas y agentes económicos, por haber mantenido los lineamientos del modelo instaurado en la década de los 90, aunque la ciudadanía protesta en la calle contra la corrupción y para pedir el cumplimiento de sus promesas en sanidad, educación, y seguridad ciudadana. La socióloga Liuba Kogan sostiene que “el poder se ve muy desarticulado y falta un horizonte claro en términos políticos: la economía y la política aparecen como dos caminos en paralelo”.
La profesora de la Universidad del Pacífico comentó a EL PAÍS que la administración parece “ir gobernando en el acto”, una opinión que coincide con el 57% de los peruanos encuestados por GFK que considera que Humala no tiene un plan claro de desarrollo para el país. Según la misma encuestadora, el presidente tiene una aprobación de 33% y ha caído 20 puntos desde marzo.
La investigadora coincide con el politólogo Eduardo Dargent al calificarlos programas de redistribución para los más pobres. “En lo positivo, se han echado a andar programas sociales de forma muy seria, buscando fortalecer cierta esfera del Estado sin politizarlo, lo cual en América Latina es positivo. También ha sido importante cierto continuismo en materia económica y macroeconómica”, refirió Dargent, doctor en Filosofía por la Universidad de Austin, un estudioso de la tecnocracia y el empresariado peruano.
Las encuestadoras Ipsos Perú y GFK incluyen además como uno de los logros del Gobierno, la postura tomada respecto a la controversia en la Corte de Justicia de La Haya por el límite marítimo con Chile.
“En lo negativo, por el tipo de promesas que hizo el presidente, hay una deuda muy grande en construir una mejor institucionalidad en medio ambiente, un mejor manejo de las protestas sociales. Por realismo, no espero una reforma en educación o en salud, pero sí un mayor intento de equilibrar los intereses del país que lo llevaron a ganar la primera vuelta electoral en 2011”, afirma Dargent.
Ollanta Humala, quien llegó a ser capitán en el Ejército, fue candidato presidencial por segunda vez en 2011, frente a Keiko Fujimori. Ese año, con la asesoría de Luis Favre, un publicista político del Partido de los Trabajadores de Brasil, moderó su mensaje nacionalista y estatista llamado la Gran Transformación hacia un programa más moderado –denominado La hoja de ruta– con el que logró el apoyo de sectores progresistas, incluso del escritor Mario Vargas Llosa, para la segunda vuelta electoral.
Las protestas ciudadanas
Para Dargent, es exagerado decir que el mandatario peruano se ha peleado con la calle, en alusión a las tres protestas ciudadanas desde el 17 de julio en Lima. “Solo hemos sido ocho mil personas. Pero se está peleando con otros sectores y los empresarios nunca lo han querido. Con solo uno o dos políticos en el gabinete, el presidente está muy solo y va a tener que tender puentes”, sugiere.
Este sábado, en víspera del mensaje a la nación del presidente y de las fiestas patrias, más de cinco mil manifestantes marcharon por el centro de Lima queriendo llegar otra vez a la sede del Congreso. Encontraron la reacción violenta de cinco mil policías quienes, tras casi cuatro horas, los dispersaron con gas pimienta y bombas lacrimógenas. Un par de centrales sindicales protestaban contra una ley que afecta a empleados estatales y otra que puede modificar la autonomía universitaria. Otros colectivos más pequeños - incluida la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles y ciudadanos de clase media convocados bajo la etiqueta #tomalacalle - planteaban otras reivindicaciones relacionadas con la recuperación de la política y la falta de representación: “Que los políticos trabajen para nosotros y no nos den la espalda”, decía un pronunciamiento de la convocatoria.
El pasado 17 de julio, las protestas estallaron después de que el Congreso eligió mediante un pacto político a profesionales cuestionados por incompetencia y conflicto de interés como magistrados del Tribunal Constitucional y el titular de la Defensoría del Pueblo.
Según la encuesta de GFK, un 54% califica de regular el segundo año del Gobierno y un 48% cree que el tercer año será igual al anterior. Un 47% opina que el presidente tiene un pensamiento diferente al de cuando se postuló, cifra superior en diez puntos a la misma pregunta formulada en julio del año pasado.
Pese a que el presidente Humala aprobó en junio más de una docena de normas para agilizar las inversiones, estas han sido criticadas por los sectores que votaron por él en la primera vuelta. Las organizaciones indígenas y población rural teme por la pérdida de su territorio y la contaminación de sus recursos debido a la aprobación rápida de los estudios de impacto ambiental, dispuesta por el Gobierno. Del mismo modo, ven un cambio de posición en el presidente, que ofreció realizar consulta previa a los pueblos indígenas para proyectos de desarrollo o concesiones de minería e hidrocarburos. Pese a que un reglamento y una ley de consulta previa están aprobados hace más de un año, las consultas encuentran obstáculos administrativos, en particular en el ministerio de Cultura y el de Energía y Minas. El mandatario peruano tendrá que legitimar su autoridad y buscar aliados para seguir adelante.
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