La noticia de la aparición del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre la empresa Ecoteva no sorprendió mucho a los fiscales peruanos que hasta ayer estuvieron en Costa Rica acopiando información sobre las pesquisas a Alejandro Toledo y su suegra Eva Fernenbug.
Sucede que ese documento ya lo conocían desde hace casi tres meses y ha servido para reforzar las hipótesis que manejaban en las investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que realizan la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Provincial Penal 48, respectivamente.
Y lo más importante, Peláez y su grupo de trabajo también tuvieron acceso, según pudo averiguar El Comercio, a todos los movimientos bancariosefectuados por Toledo, Eva Fernenbug, Avraham Dan On [ex jefe de seguridad de Toledo y fundador de Ecoteva] y otras personas en el período mencionado, en el país centroamericano. Con esta información financiera habría quedado demostrado que todas personas –incluido Alejandro Toledo– y las empresas están vinculadas entre sí.
También se conoció que Dan On es la persona que habría creado todas las empresas en Costa Rica y abierto las cuentas con certificados a plazo fijo.
El monto de dinero manejado por las empresas asciende a 18 millones de dólares. Las autoridades judiciales de Costa Rica han congelado seis millones de dólares en certificados a plazo fijo.
Aunque todos pensaban que recién se iba a realizar el levantamiento del secreto bancario en Costa Rica de Toledo y las otras personas vinculadas a las ya citadas empresas, la verdad es que estas diligencias financieras ya habían sido hechas por las autoridades de Costa Rica a pedido de sus pares peruanos. El informe de las mismas fue entregado el miércoles.
La delegación peruana también recibió el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Según indican nuestras fuentes, la documentación recogida suma cerca de mil páginas.
Toda la información será sometida a un peritaje contable que podría tomar unos 40 días y cuyos resultados permitirán conocer la ruta del dinero y establecer si su origen es ilícito. Esta documentación también implicará citar a nuevos testigos, ampliar las declaraciones de las personas que ya fueron interrogadas y se extenderá la investigación un par de meses.
Una fuente del Ministerio Público de Costa Rica reveló a El Comercio que los fiscales peruanos solicitaron una ampliación al levantamiento del secreto bancario ya realizado a Toledo y las personas vinculadas a las empresas investigadas en San José. Se ha pedido un informe de los movimientos financieros desde el 2002 hasta el 2011.
Los equipos fiscales del Perú y Costa Rica tuvieron una reunión de trabajo de ocho horas el miércoles, en la que intercambiaron información de sus respectivas investigaciones. La delegación nacional regresó a Lima anoche.
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