El Órgano Superior de la Economía de Venezuela ha tomado dos decisiones que, analizadas por separado, buscan reanimar el aparato productivo local. Nada de esto garantiza, sin embargo, que se alivie el crónico desabastecimiento que ha habido en Venezuela durante todo 2013. Por el contrario, son paños calientes, como dicen los venezolanos, que no atacan las causas estructurales de la falta de alimentos básicos.
La más sobresaliente de esas decisiones es la ocupación por 15 días de la empresa Manpa, ubicada en el estado Aragua, al centro del país, que produce servilletas y papel higiénico, uno de los productos más escasos. El Gobierno quiere constatar cómo trabaja, conocer la estructura de costos y garantizar que los productos terminados lleguen sin demoras a los anaqueles de los supermercados. Lo anunció el ministro de Comercio Alejandro Fleming, quien informó que una vez que transcurran esas dos semanas hará recomendaciones al Gobierno sobre su destino.
La otra medida, aparecida en la Gaceta Oficial de este viernes está inscrita dentro de lo que han dado en llamar el XI Plan Excepcional para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica. La estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) podrá importar a través de empresas que no estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas durante casi un año unas 3,57 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a 29.392 millones de bolívares (3.507 millones de euros a la tasa oficial) para comercializarlos a través de las redes estatales de alimentos o supermercados privados, en caso de que la producción nacional sea deficitaria “o se evidencien saboteos de grupos minoritarios”. El presidente Nicolás Maduro es consciente de que el trámite necesario para obtener divisas reguladas se ha convertido en un proceso engorroso que invita a la corrupción. Por esa razón ha anunciado la simplificación del procedimiento para eliminar los negociados.
Que el Gobierno centre todas sus energías en subsanar las fallas de abastecimiento mediante la importación revela que no ha sido suficiente que se haya garantizado a la empresa privada el otorgamiento de divisas preferenciales para traer la materia prima. Hay una razón de fondo mucho más poderosa que el Ejecutivo no reconoce: La falta de divisas para satisfacer la demanda. Un informe de la firma Barclays comentado en el diario El Universal advierte que el país marcha hacia una crisis de balanza de pagos “en cámara lenta” debido a la fuerte caída de las reservas internacionales. El periódico afirma que dichas reservas han caído un 26% en el año por el declive del precio del oro –el 76% de las reservas locales son barras de ese metal- y el vencimiento de dos pagos de deuda por 4 mil millones de dólares.
El gobierno luce preocupado por la persistencia de la crisis de abastecimiento y ha sacado de la cómoda la receta de las expropiaciones. Estas medidas habían desaparecido con la enfermedad, agonía y muerte de Hugo Chávez. Parecía que Maduro la había descartado del todo hasta esta semana, cuando amenazó con retomarla para obligar a los empresarios a producir a tope. El empresariado vuelve a ver con temor el reinicio de esas medidas, que han llevado a la quiebra especialmente a la agroindustria y no han logrado la prometida soberanía alimentaria que busca el chavismo. Con la desconfianza se agravaría la desinversión. Hoy el Gobierno no luce en condiciones de despreciar la contribución del sector privado a la estabilización de la economía.
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