Los periodistas belgas obtienen el derecho a no difundir sus fuentes

Por Jean-Pierre Stroobants, Le MondeTraducido y documentado por Arturo Díaz, Periodista Digital

La Cámara de Diputados belga adoptó el jueves 17 de marzo por unanimidad una de las leyes más progresistas del mundo en materia de protección de fuentes periodísticas. Los periodistas que trabajan en Bélgica, y por tanto los cientos de corresponsales que cubren en Bruselas la actualidad de las instituciones europeas y de la OTAN, tendrán desde ahora el derecho a ocultar sus fuentes. Los colaboradores de una redacción (operadores de sonido, montadores o maquetadores) susceptibles de identificar una fuente confidencial, se beneficiarán de las mismas disposiciones. Hasta ahora, un periodista podía en teoría esgrimir su derecho a callar, pero sus compañeros en otras tareas informativas estaban obligados a responder a las preguntas de la policía o del juez. La única excepción prevista por el nuevo texto se refiere a los delitos, principalmente de carácter terrorista, que pueden constituir "una grave amenaza para la integridad física de las personas". Un periodista sólo será obligado a revelar sus fuentes si su identidad es indispensable para resolver un delito de este tipo y si se demuestra que esta información no puede ser obtenida por ningún otro medio. Los senadores han escuchado a especialistas que subrayan que el trabajo de investigación sobre el terrorismo podría ser imposible con disposiciones demasiado restrictivas.La Ley protegera además a las redacciones al prohibir los procesos por receptación de documentos o complicidad, en el caso de que una información haya sido confiada por una persona que hubiera violado las reglas del secreto profesional a las que estuviera sometida.
La justicia belga ha utilizado en el pasado estos medios para evitar la protección, de una forma sólo teórica puesto que dependía de la apreciación de los jueces de la que podian beneficiarse las fuentes, para realizar registros, escuchas o detener a profesionales de la información.
Escuchas durante dos meses. Aunque ya fue aprobada por la Cámara en mayo de 2004, la Ley fue debatida de nuevo a petición del Senado, que pretendía extender el campo de aplicación del texto inicial y de responder a las críticas formuladas, principalmente, por la Asociación Profesional de Periodistas (AGJPB). El interés de los senadores por este texto había sido reforzado por otra parte por la publicación de informaciones recientes según las cuales una periodista del periódico flamenco De Morgen había sido sometida a escuchas durante dos meses a finales de 2004, tras su publicación de informaciones relativas a una amenaza de atentado islamista en Amberes. Un antiguo comisario de policía era sospechoso de haberle facilitado un informe confidencial. Condenado ya en 2002 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por un asunto que le enfrentó a cuatro periodistas, el Estado belga tuvo que enfrentar una tormenta mediática en junio de 2004 tras el registro del domicilio y la oficina en Bruselas de un periodista alemán de la revista Stern debido a una denuncia de la Oficina Antifraude de la Unión (OLAF*), lo que llevó a la Federación Internacional de Periodistas a hablar de "una violación sin precedentes de los derechos de los periodistas".