La presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo se dirige a la nación pidiendo apoyo y declarando el estado de excepción en una transmisión televisiva en directo desde el Palacio Malacanang en Manila. (Foto: EFE/Marcelino Pascua)
La policía antidisturbios bloquea el paso de los manifestantes al monumento EDSA I en Quezon city, al norte de Manila, el viernes 24 de febrero. Este lugar simboliza la lucha del pueblo filipino por la democracia, la libertad y la justicia por la revuelta popular pacífica que terminó con la dictadura de Ferdinand Marcos hace ahora 20 años. (Foto: EFE/Mike Alquinto)
Los manifestantes chocan con la Policía antidisturbios durante una protesta en Quezon City, al norte de Manila, el viernes 24 de febrero. (Foto: EFE/Mike Alquinto)
La policía antidisturbios bloquea el paso de los manifestantes al monumento EDSA I en Quezon city, al norte de Manila, el viernes 24 de febrero. Este lugar simboliza la lucha del pueblo filipino por la democracia, la libertad y la justicia por la revuelta popular pacífica que terminó con la dictadura de Ferdinand Marcos hace ahora 20 años. (Foto: EFE/Mike Alquinto)
Los manifestantes chocan con la Policía antidisturbios durante una protesta en Quezon City, al norte de Manila, el viernes 24 de febrero. (Foto: EFE/Mike Alquinto)
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ha declarado el estado de excepción en el país, después de que esta madrugada fueran arrestados dos altos mandos militares y un director de la Policía que supuestamente conspiraban para dar un golpe de Estado. La mandataria hizo un anuncio por televisión en el que aseguró que la conspiración golpista había sido abortada. "En los meses pasados, elementos de la oposición política han conspirado con elementos autoritarios de la extrema izquierda y de la extrema derecha (...) para derribar el Gobierno legalmente elegido en mayo del 2004", señaló. Macapagal Arroyo, que acusó a "segmentos de los medios de comunicación" de alentar la conspiración, aseguró que esta situación supone "un peligro claro la seguridad e integridad" del país, así como a su economía. El estado de excepción dota a los cuerpos de seguridad de poderes especiales para practicar arrestos sin necesidad de una orden judicial previa y para prohibir reuniones públicas, entre otras cosas. Sin embargo, unas 8.000 personas se han manifestado para pedir la dimisión de la presidenta filipina, a la que acusan de organizar un fraude para ganar las elecciones de 2004. El partido de izquierda Bayan Muna (Pueblo Primero) anunció que continuará con las protestas hasta desalojar del poder a Macapagal Arroyo. El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Generoso Senga, confirmó que habían puesto bajo arresto al general de brigada Danilo Sim y que interrogaban al coronel Ariel Querubin por su presunta relación con el caso. El director de la Policía, Marcelino Franco, también está siendo interrogado, aunque al parecer no estaba directamente implicado en el supuesto golpe. Senga calificó la acción abortada como de "un intento de retirar el apoyo" a la presidenta. "Hemos reducido el peligro, pero no podemos decir que han sido detenidos los golpistas", añadió. Según las declaraciones de la presidenta, los detenidos estarían relacionados con el teniente Lawrence San Juan, un oficial que participó en la intentona golpista de julio de 2003, y que se había fugado a primeros de enero de una prisión militar.
Aniversario de la rebelión contra Marcos
Dada la situación, el Gobierno de Filipinas ordenó cancelar las manifestaciones por el veinte aniversario de la revuelta popular pacífica que acabó con el régimen de Ferdinand Marcos, el 25 de febrero de 1986, y prohibió las que había preparado la oposición. Sin embargo, el anuncio del Gobierno ha llegado demasiado tarde y las concentraciones se han celebrado, suponiendo la única alteración de la normalidad hoy en Manila. En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Malacañang, la residencia manileña de los jefes de Estado, y transmitida en directo por la televisión, el ministro filipino de Justicia, Raul Gonzales, avisó de que "si un individuo o grupo hace un llamamiento al pueblo a que participe en las manifestaciones bajo el estado de excepción, será acusado de incitar a la sedición". Gonzalez añadió que la situación ha vuelto a la normalidad, aunque admitió que aún persiste la amenaza de que algunas personas o grupos, que no identificó, intenten derrocar al Gobierno. El responsable del Personal de Malacañang, Michael Defensor, dijo que se cerrarán aquellos medios de información que se conviertan en portavoces de los desestabilizadores.
Aniversario de la rebelión contra Marcos
Dada la situación, el Gobierno de Filipinas ordenó cancelar las manifestaciones por el veinte aniversario de la revuelta popular pacífica que acabó con el régimen de Ferdinand Marcos, el 25 de febrero de 1986, y prohibió las que había preparado la oposición. Sin embargo, el anuncio del Gobierno ha llegado demasiado tarde y las concentraciones se han celebrado, suponiendo la única alteración de la normalidad hoy en Manila. En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Malacañang, la residencia manileña de los jefes de Estado, y transmitida en directo por la televisión, el ministro filipino de Justicia, Raul Gonzales, avisó de que "si un individuo o grupo hace un llamamiento al pueblo a que participe en las manifestaciones bajo el estado de excepción, será acusado de incitar a la sedición". Gonzalez añadió que la situación ha vuelto a la normalidad, aunque admitió que aún persiste la amenaza de que algunas personas o grupos, que no identificó, intenten derrocar al Gobierno. El responsable del Personal de Malacañang, Michael Defensor, dijo que se cerrarán aquellos medios de información que se conviertan en portavoces de los desestabilizadores.
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