El gobierno de Evo Morales adelantó ayer que analiza un plan para recuperar “latifundios” improductivos y “redistribuir las tierras en beneficio de indígenas y campesinos”. El influyente Comité Cívico de Santa Cruz reclamó que las medidas sean aprobadas en “consenso” con autoridades y empresarios de esa región. Este proyecto se conoció una semana después del polémico anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos.
La decisión del gobierno de iniciar una nueva reforma agraria este mes, con la recuperación y redistribución de hasta 14 millones de hectáreas, puso en pié de alerta a importantes sectores del departamento (provincia) de Santa Cruz, uno de los más ricos del país. En una carta enviada al presidente Evo Morales, el influyente Comité Cívico de esa región, la capital agropecuaria boliviana, pidió hoy que las medidas sean aprobadas en “consenso” con el prefecto (gobernador) cruceño, Rubén Costas, y organizaciones empresariales locales. “Las autoridades y los sectores productivos debemos ser parte de la elaboración y definición de esas políticas, para que, en base al consenso, aseguremos el éxito de su aplicación”, dice la nota. Mientras tanto, Costas anunció que impulsará un plan propio “democrático y equitativo” destinado a privilegiar el acceso a los recursos naturales y a la tierra y reclamó participar en la reforma gubernamental. Tras nacionalizar los hidrocarburos, la semana pasada, el gobierno prepara un paquete de medidas para acelerar el saneamiento de tierras y la recuperación de tierras “improductivas” para redistribuirlas entre indígenas y campesinos, anunció el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra. “Nuestro objetivo es recuperar las tierras que no están siendo trabajadas. La política del gobierno está dirigida no sólo a regularizar el derecho de propiedad, sino a impulsar la mecanización agrícola”, dijo Salvatierra.
El viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz, explicó ayer a Clarín que esta es una "medida que no sólo fue prometida durante la campaña electoral, sino que es la respuesta a 15 años de movilizaciones sociales de grupos indígenas y campesinos. Lo que está en proceso es el análisis de los mecanismos legales por los que se va a realizar". Según el funcionario, la medida "es inminente. Será seguramente en las próximas semanas, a través de una ley y una serie de decretos que están en estudio". No será esta la primera reforma agraria en Bolivia, que ya la tuvo en 1953. Pero en aquel momento, aunque se promovió la redistribución de tierras en beneficio de comunidades campesinas del Altiplano, también se entregaron grandes extensiones de terrenos a punteros políticos o grupos de poder, según denuncian quienes hoy reclaman una nueva reforma.
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