La paz y la tranquilidad deben restablecerse tras las violentas jornadas que mancharon de sangre y luto a la ciudad de Sucre, Capital de la República. Esa debe ser la prioridad en la hora presente, en momentos en que Chuquisaca y el país en su conjunto lloran la muerte de al menos dos ciudadanos bolivianos, y las heridas, muchas de ellas de gravedad, sufridas por más de un centenar de personas, sean de la población civil o de efectivos de la Policía Nacional. No nos hemos cansado de señalar, desde este mismo espacio editorial, que la crisis de la Capitalidad y la negligencia con que, sobre este particular, han obrado las autoridades concernidas, del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Constituyente, podían derivar en escenarios de insospechadas consecuencias. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido en los últimos días.
La ruptura unilateral del acuerdo suscrito con Chuquisaca por parte del Gobierno, la decisión de trasladar las deliberaciones constituyentes a un recinto militar, el traslado de miles de campesinos y vecinos de la ciudad de El Alto, y la feroz represión desatada contra la población sucrense, han provocado momentos de desenfrenada violencia nunca antes vistos en la ciudad de Sucre. La furia y la sed de venganza de la población se reflejaron en los lamentables destrozos y saqueos de los recintos policiales de la ciudad de Sucre y en la persecución sin cuartel de efectivos policiales, los mismos que tuvieron que replegar sus tropas y abandonar la ciudad por la incontrolable situación vivida en la Capital.
Ayer, en momentos de luto y violencia, el Ministro de la Presidencia convocó al país a "celebrar" la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Mas tarde, en un mensaje televisado, el Presidente de la República se limitó a lamentar lo sucedido, a felicitar a las organizaciones sociales trasladadas hasta Sucre, a aplaudir el trabajo de los constituyentes del oficialismo y, finalmente, a pedir una investigación sobre las muertes acaecidas en Sucre, no sin antes hacer un tardío llamado a la paz social. Pero no sólo eso. El Primer Mandatario insistió en descalificar la movilización capitalina, que sólo exigía la reposición en el debate constituyente del tema de la sede de los poderes del Estado, vinculándola a intereses cruceños. Lo sucedido en la Capital no puede merecer tanta indiferencia y desprecio de parte de las autoridades gubernamentales, más aún cuando la prensa nacional e internacional, así como los propios dignatarios desplazados hasta el lugar del conflicto, pudieron constatar que la movilización se desbordó a extremos tales que la población -madres, niños, padres de familia, jóvenes e inclusive ancianos, de todas las condiciones y clases sociales- salió a resistir la represión y protestar por la sesión de la Asamblea en un recinto militar.
Ha quedado claro, en todo este conflicto, que el oficialismo ha defendido y obedecido los intereses y mandatos del departamento de La Paz, su principal bastión electoral. Pero aún así, la gravedad de los sucesos de las últimas horas no pueden menos que merecer un mínimo de consideración de parte del Gobierno, que en vez de convocar a celebraciones y expresiones de alegría, tendría que al menos apiadarse por el dolor que aflige a los habitantes capitalinos, cuyas vidas tienen tanto valor como las vidas de cualquier ciudadano boliviano. Por eso, independientemente de posiciones políticas irreductibles, nuestros gobernantes y dirigentes tendrían que empeñar sus máximos esfuerzos en restituir la paz social y en evitar el desencadenamiento de nuevos escenarios de violencia.
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