Los tres venezolanos y el uruguayo que tienen en vilo a la Argentina por "el caso del maletín", entraron ayer a la media mañana a la sala de la Corte Federal de Miami junto a otros once acusados de diferentes crímenes. Moisés Maionica, Franky Durán, Carlos Kauffman y Rodolfo Wenseele tuvieron que esperar a que el juez William Turnoff atendiera a otros tres casos antes de que el suyo .Estaban todos con cadenas en los pies y esposados de a dos por las manos. No pudieron abrir la boca. Fue el fiscal, Thomas Mulvihill quien habló y los comprometió aún más de lo que estaban hasta el momento. "Ofrecieron dos millones de dólares al ciudadano estadounidense Guido Antonini Wilson para que ocultara que el dinero provenía de Venezuela y que estaba destinado a la campaña presidencial en Argentina", reveló el fiscal. En ese momento, se escuchó un murmullo en la sala que estaba repleta.
El fiscal siguió explicando al juez que la trama se había desatado en agosto, cuando Antonini Wilson había intentado entrar en forma ilegal con 800.000 dólares a la Argentina con destino a la campaña electoral -no tomó en cuenta que el venezolano Durán había dicho que el dinero era para la candidatura de Cristina Fernández- y que había sido atrapado por la aduana argentina.Además, el fiscal explicó que, durante cinco meses, en diferentes reuniones, los acusados habían intimidado a Antonini Wilson para que ocultara de dónde provenían esos fondos. También enfatizó que Antonini colaboró "siempre" con el FBI y que grabó las conversaciones. El juez escuchó entre atento y divertido y se detuvo un momento en el cargo principal: operación ilegal de agentes extranjeros. "Sí, son todos agentes de la República Bolivariana de Venezuela", aseguró el fiscal. Entonces, el juez ordenó que los tres venezolanos regresaran a sus asientos y decretó una nueva audiencia para el 27 de diciembre, aunque puede ser pospuesta por las fiestas. Después permitió que se aproximara la abogada del uruguayo Rodolfo Wanseele, una morena joven y de porte pequeño, que de inmediato pidió la libertad para su defendido. "No tiene nada que ver con los otros tres acusados, no es de la misma nacionalidad, no trabaja con ellos ni tiene la misma condición económica ya que mi defendido es un simple ingeniero informático que gana 90.000 dólares al año", argumentó.
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