La máxima autoridad electoral de Bolivia dio un sorpresivo golpe a los planes del presidente Evo Morales, al anunciar que, por "impedimentos legales", no organizará el referéndum convocado por el mandatario indígena para aprobar una nueva Constitución de corte socialista.
La decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE), que paraliza el plebiscito estipulado para el 7 de diciembre, alcanzó también a las elecciones regionales previstas para el mismo día y otros dos procesos electorales convocados por autoridades regionales para noviembre y enero.
"Hoy hemos decidido hacer conocer mediante una nota al Señor Presidente de la República (...) que en tanto no se solucionen los impedimentos de orden legal no podemos administrar estos procesos", dijo en conferencia de prensa el presidente de la CNE, José Luis Exeni.
El anuncio se produjo a última hora de ayer, mientras los llamados "movimientos sociales" que apoyan a Morales se preparaban para lanzar su campaña por el Si a la nueva Constitución, en tanto que los opositores, fortalecidos en varias regiones, anunciaban una ola de protestas para impedir la realización de la consulta popular.
No hubo reacciones inmediatas del Gobierno ni de la oposición regional, que protagonizan una larga disputa política que amenaza con dividir al empobrecido país andino.
Según la CNE, el principal impedimento para el referéndum es que éste no fue convocado por ley sino sólo por un decreto del Poder Ejecutivo.
Morales, actualmente de gira por Libia e Irán, convocó al plebiscito para romper el bloqueo de la oposición al proyecto de cambio constitucional, medida clave para su propósito de "refundar" Bolivia dando más poder a los indígenas y consolidando un modelo económico controlado por el Estado.
El gobernante firmó la convocatoria el 28 de agosto, menos de tres semanas después de obtener una abrumadora victoria en el referéndum revocatorio y tras fracasar en un nuevo diálogo con la oposición, en busca de compatibilizar demandas regionales de autonomía con el cambio constitucional.
Morales dijo que su decreto sólo fijó la fecha definitiva de una consulta popular constitucional que en realidad consideraba convocada desde marzo pasado por una ley, que la autoridad electoral observó entonces por supuestas irregularidades en su tramitación.
"Siendo coherentes con nuestra decisión de marzo, en apego a la ley, hoy volvemos a decir que el referéndum constitucional sólo puede ser convocado mediante una ley, no por decreto", señaló Exeni. Apuntó que si el Congreso aprueba esta misma semana la convocatoria, habría tiempo para realizar la consulta el 7 de diciembre, tal como estaba previsto. La CNE dijo también que consideraba inviable la elección en diciembre de nuevos prefectos de los distritos de Cochabamba y La Paz, porque no se cumplía el plazo legal de 120 días entre la convocatoria y el acto electoral, y que para una paralela elección de asambleístas regionales hacía falta otra ley.
El presidente del organismo electoral agregó que instruyó también a las cortes electorales distritales de Santa Cruz y Chuquisaca que se abstengan de organizar procesos electorales recién convocados por los respectivos prefectos regionales, calificándolos como ilegales.
Fuente: Artículo del diario La Nación de Buenos Aires con las Agencias AP, EFE, AFP, DPA y Reuters
La decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE), que paraliza el plebiscito estipulado para el 7 de diciembre, alcanzó también a las elecciones regionales previstas para el mismo día y otros dos procesos electorales convocados por autoridades regionales para noviembre y enero.
"Hoy hemos decidido hacer conocer mediante una nota al Señor Presidente de la República (...) que en tanto no se solucionen los impedimentos de orden legal no podemos administrar estos procesos", dijo en conferencia de prensa el presidente de la CNE, José Luis Exeni.
El anuncio se produjo a última hora de ayer, mientras los llamados "movimientos sociales" que apoyan a Morales se preparaban para lanzar su campaña por el Si a la nueva Constitución, en tanto que los opositores, fortalecidos en varias regiones, anunciaban una ola de protestas para impedir la realización de la consulta popular.
No hubo reacciones inmediatas del Gobierno ni de la oposición regional, que protagonizan una larga disputa política que amenaza con dividir al empobrecido país andino.
Según la CNE, el principal impedimento para el referéndum es que éste no fue convocado por ley sino sólo por un decreto del Poder Ejecutivo.
Morales, actualmente de gira por Libia e Irán, convocó al plebiscito para romper el bloqueo de la oposición al proyecto de cambio constitucional, medida clave para su propósito de "refundar" Bolivia dando más poder a los indígenas y consolidando un modelo económico controlado por el Estado.
El gobernante firmó la convocatoria el 28 de agosto, menos de tres semanas después de obtener una abrumadora victoria en el referéndum revocatorio y tras fracasar en un nuevo diálogo con la oposición, en busca de compatibilizar demandas regionales de autonomía con el cambio constitucional.
Morales dijo que su decreto sólo fijó la fecha definitiva de una consulta popular constitucional que en realidad consideraba convocada desde marzo pasado por una ley, que la autoridad electoral observó entonces por supuestas irregularidades en su tramitación.
"Siendo coherentes con nuestra decisión de marzo, en apego a la ley, hoy volvemos a decir que el referéndum constitucional sólo puede ser convocado mediante una ley, no por decreto", señaló Exeni. Apuntó que si el Congreso aprueba esta misma semana la convocatoria, habría tiempo para realizar la consulta el 7 de diciembre, tal como estaba previsto. La CNE dijo también que consideraba inviable la elección en diciembre de nuevos prefectos de los distritos de Cochabamba y La Paz, porque no se cumplía el plazo legal de 120 días entre la convocatoria y el acto electoral, y que para una paralela elección de asambleístas regionales hacía falta otra ley.
El presidente del organismo electoral agregó que instruyó también a las cortes electorales distritales de Santa Cruz y Chuquisaca que se abstengan de organizar procesos electorales recién convocados por los respectivos prefectos regionales, calificándolos como ilegales.
Fuente: Artículo del diario La Nación de Buenos Aires con las Agencias AP, EFE, AFP, DPA y Reuters
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