La caída como fichas de dominó de los esquemas ilegales de captación pública de dineros, las 'pirámides', a lo largo y ancho del país, produjo tanta rabia y desesperación en sus miles de usuarios que los llevó a la revuelta cívica, el vandalismo y hasta el asesinato del personero de Buesaco (Nariño), al confundirlo con un cómplice del negocio. No es para menos: miles de ciudadanos han perdido sus ahorros al invertirlos en estos fraudes, que prometían espectaculares ganancias en poco tiempo. Mientras el desplome de Wall Street sacude a las grandes capitales del mundo, Colombia sufre un peculiar derrumbe financiero por cuenta de las 'pirámides' de Mocoa y Pasto. Ya Fenalco habla de efectos en el consumo en estos municipios.
La reacción visceral de los ahorradores ha sido la de culpar al Estado, más que a su propia avidez. Es cierto que estas 'pirámides', con sus sospechosos retornos mágicos, crecieron abierta y orondamente ante la mirada indiferente de las distintas autoridades competentes. Un informe de la veeduría de la Fiscalía calcula que el monto en riesgo rondaría los dos billones de pesos. Los entes reguladores -la Superintendencia de Sociedades y la Financiera- se escudan en que su labor administrativa carece de dientes, aunque esta culebra de mil cabezas creció tranquilamente bajo su vigilancia.
El Ejecutivo presentó hace dos meses un proyecto de ley para endurecer las penas contra la captación ilegal de dinero, que hoy en día es excarcelable. Esta iniciativa también fue víctima de la operación tortuga del Congreso y, de todos modos, el proyecto en cuestión terminaría en penalizar lo que ya desde 1982 (otro año de derrumbe financiero) está castigado.
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La reacción visceral de los ahorradores ha sido la de culpar al Estado, más que a su propia avidez. Es cierto que estas 'pirámides', con sus sospechosos retornos mágicos, crecieron abierta y orondamente ante la mirada indiferente de las distintas autoridades competentes. Un informe de la veeduría de la Fiscalía calcula que el monto en riesgo rondaría los dos billones de pesos. Los entes reguladores -la Superintendencia de Sociedades y la Financiera- se escudan en que su labor administrativa carece de dientes, aunque esta culebra de mil cabezas creció tranquilamente bajo su vigilancia.
El Ejecutivo presentó hace dos meses un proyecto de ley para endurecer las penas contra la captación ilegal de dinero, que hoy en día es excarcelable. Esta iniciativa también fue víctima de la operación tortuga del Congreso y, de todos modos, el proyecto en cuestión terminaría en penalizar lo que ya desde 1982 (otro año de derrumbe financiero) está castigado.
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