El presidente George W. Bush dijo que su gobierno analiza la posibilidad de una quiebra "ordenada" de las firmas automotrices del país como una posible manera de lidiar con la grave crisis que aqueja al sector. "En circunstancias normales, no hay duda de que el tribunal de bancarrotas es la mejor forma de solucionar cuestiones de crédito, deuda y reestructuración", indicó el mandatario durante un discurso en el Instituto Empresarial Estadounidense, un centro de investigaciones conservador con sede en Washington. "Estas no son circunstancias normales. Ese es el problema".
Mientras General Motors, Chrysler y el resto de Detroit aguantan la respiración a la espera de un plan de ayuda financiera por parte del gobierno, Dana Perino, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció comentarios parecidos a los de Bush. "Hay una forma ordenada de realizar las bancarrotas que facilita la situación. Creo que de eso es lo que hablaríamos", afirmó.
Cuando se le preguntó en torno a un plan de rescate financiero del sector automotriz, Bush respondió que aún no ha decidido que haría él al respecto, pero enfatizó que no quiere dejar una situación caótica al presidente electo Barack Obama, que tomará las riendas de la Casa Blanca en un mes a partir del sábado. Perino señaló que el gobierno está "muy cerca" de tomar una decisión, aunque no especificó cuándo. Dijo que existen varias maneras de ayudar a las automotrices, incluidos préstamos a corto plazo provenientes del plan de rescate de 700.000 millones de dólares destinados a Wall Street.
Las firmas automotrices insistieron en que la bancarrota no es la respuesta adecuada. Un funcionario del sindicato de trabajadores de esa industria también calificó la idea de poco práctica y hasta peligrosa. Mientras tanto, General Motors Corp. negó en un informe que haya reanudado las negociaciones con Chrysler para fusionar ambas empresas. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que las sorprendentes cifras sobre el número de desempleados en el país destacan aún más la urgencia de que el gobierno "evite la insolvencia inminente de la industria automotriz". La congresista demócrata declaró que Bush tiene la autoridad legal de actuar ahora y que debería destacar las medidas de responsabilidad fiscal que fueron incluidas en el plan de rescate de 14.000 millones de dólares aprobado por la cámara baja, el cual murió en el Senado la semana pasada.
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Mientras General Motors, Chrysler y el resto de Detroit aguantan la respiración a la espera de un plan de ayuda financiera por parte del gobierno, Dana Perino, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció comentarios parecidos a los de Bush. "Hay una forma ordenada de realizar las bancarrotas que facilita la situación. Creo que de eso es lo que hablaríamos", afirmó.
Cuando se le preguntó en torno a un plan de rescate financiero del sector automotriz, Bush respondió que aún no ha decidido que haría él al respecto, pero enfatizó que no quiere dejar una situación caótica al presidente electo Barack Obama, que tomará las riendas de la Casa Blanca en un mes a partir del sábado. Perino señaló que el gobierno está "muy cerca" de tomar una decisión, aunque no especificó cuándo. Dijo que existen varias maneras de ayudar a las automotrices, incluidos préstamos a corto plazo provenientes del plan de rescate de 700.000 millones de dólares destinados a Wall Street.
Las firmas automotrices insistieron en que la bancarrota no es la respuesta adecuada. Un funcionario del sindicato de trabajadores de esa industria también calificó la idea de poco práctica y hasta peligrosa. Mientras tanto, General Motors Corp. negó en un informe que haya reanudado las negociaciones con Chrysler para fusionar ambas empresas. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que las sorprendentes cifras sobre el número de desempleados en el país destacan aún más la urgencia de que el gobierno "evite la insolvencia inminente de la industria automotriz". La congresista demócrata declaró que Bush tiene la autoridad legal de actuar ahora y que debería destacar las medidas de responsabilidad fiscal que fueron incluidas en el plan de rescate de 14.000 millones de dólares aprobado por la cámara baja, el cual murió en el Senado la semana pasada.
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