Joaquín Morales Solá Para LA NACION de Buenos Aires, siga leyendo el artículo:
Una nueva ronda de duros enfrentamientos entre el Gobierno y el campo parece inevitable. El interior rural del país, perceptiblemente paralizado y enfurecido, siente que la administración de los Kirchner lo presiona para adelantar el momento de ese combate. Néstor Kirchner aspira, en efecto, a anticipar la pelea, que los ruralistas preveían para febrero y marzo, porque cree que la opinión pública no estará esta vez del lado del campo. El matrimonio presidencial quiere también adelantar la batalla final con el vicepresidente Julio Cobos, aun cuando deba atravesar la peor crisis institucional que puede resistir el sistema político.
Entre las inanidades presidenciales del lunes quedó sepultada también buena parte de la expectativa que había creado la flamante ministra de Producción, Débora Giorgi. La reducción de 5 puntos en las retenciones de la soja y el girasol, que el propio Gobierno dejó trascender durante el último fin de semana, hubiera sido insuficiente. Sin embargo, hubiera significado, al mismo tiempo, el atisbo de un período más consensual con los campesinos, que representan al único sector social de la Argentina que decidió enfrentar y batir al kirchnerismo.
No pasó nada. Ningún anuncio de la Presidenta fue un anuncio real. Tanto es así que hasta las 8 horas de trabajo para los peones rurales ya formaban parte de un convenio nacional, que se publicó en el Boletín Oficial el 10 de diciembre pasado. En rigor, fue sólo una formalidad para casi todo el territorio nacional, donde ya regían las 8 horas de trabajo, con excepción de tres o cuatro provincias que no son significativas en la producción rural.
La estrategia del Gobierno consiste en adelantar los tiempos del combate y en dividir a los dirigentes rurales. El anuncio de un proyecto sobre el arrendamiento rural es claramente fragmentario. Esa cuestión ha dividido siempre las posiciones de la Sociedad Rural y la Federación Agraria. En las últimas horas, una conversación entre los presidentes de ambas entidades, Hugo Luis Biolcati y Eduardo Buzzi, sepultó cualquier enfrentamiento entre ellos. "Estamos más unidos que antes", recalcó Biolcati.
El problema actual de ellos no consiste ahora en pelearse por el arrendamiento, sino en administrar el conflicto. Algún éxito ha tenido Kirchner en su plan de adelantar los tiempos, porque ya desde el lunes comenzó a haber manifestaciones y cortes de rutas de campesinos en el interior del país. Diciembre y enero son meses de mucho trabajo en el campo, de cosechas y siembras. Los dirigentes rurales prefieren dilatar el momento del combate hasta febrero o marzo, meses en que los ruralistas no hacen casi nada, pero la furia de la sublevación campesina se impone por momentos sobre ellos mismos.
Una nueva ronda de duros enfrentamientos entre el Gobierno y el campo parece inevitable. El interior rural del país, perceptiblemente paralizado y enfurecido, siente que la administración de los Kirchner lo presiona para adelantar el momento de ese combate. Néstor Kirchner aspira, en efecto, a anticipar la pelea, que los ruralistas preveían para febrero y marzo, porque cree que la opinión pública no estará esta vez del lado del campo. El matrimonio presidencial quiere también adelantar la batalla final con el vicepresidente Julio Cobos, aun cuando deba atravesar la peor crisis institucional que puede resistir el sistema político.
Entre las inanidades presidenciales del lunes quedó sepultada también buena parte de la expectativa que había creado la flamante ministra de Producción, Débora Giorgi. La reducción de 5 puntos en las retenciones de la soja y el girasol, que el propio Gobierno dejó trascender durante el último fin de semana, hubiera sido insuficiente. Sin embargo, hubiera significado, al mismo tiempo, el atisbo de un período más consensual con los campesinos, que representan al único sector social de la Argentina que decidió enfrentar y batir al kirchnerismo.
No pasó nada. Ningún anuncio de la Presidenta fue un anuncio real. Tanto es así que hasta las 8 horas de trabajo para los peones rurales ya formaban parte de un convenio nacional, que se publicó en el Boletín Oficial el 10 de diciembre pasado. En rigor, fue sólo una formalidad para casi todo el territorio nacional, donde ya regían las 8 horas de trabajo, con excepción de tres o cuatro provincias que no son significativas en la producción rural.
La estrategia del Gobierno consiste en adelantar los tiempos del combate y en dividir a los dirigentes rurales. El anuncio de un proyecto sobre el arrendamiento rural es claramente fragmentario. Esa cuestión ha dividido siempre las posiciones de la Sociedad Rural y la Federación Agraria. En las últimas horas, una conversación entre los presidentes de ambas entidades, Hugo Luis Biolcati y Eduardo Buzzi, sepultó cualquier enfrentamiento entre ellos. "Estamos más unidos que antes", recalcó Biolcati.
El problema actual de ellos no consiste ahora en pelearse por el arrendamiento, sino en administrar el conflicto. Algún éxito ha tenido Kirchner en su plan de adelantar los tiempos, porque ya desde el lunes comenzó a haber manifestaciones y cortes de rutas de campesinos en el interior del país. Diciembre y enero son meses de mucho trabajo en el campo, de cosechas y siembras. Los dirigentes rurales prefieren dilatar el momento del combate hasta febrero o marzo, meses en que los ruralistas no hacen casi nada, pero la furia de la sublevación campesina se impone por momentos sobre ellos mismos.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario