En esta aldea maya, donde hace 27 años el ejército guatemalteco masacró a 79 personas, el estado ensaya una nueva forma de resarcir a las víctimas de la guerra civil: además de dinero en efectivo, construirá obras para toda la comunidad.
Una carretera de ocho kilómetros, un cementerio, un salón para honrar a los antepasados y otras obras son el primer paso de un proyecto piloto para reconciliar al estado con una población a la que agredió como parte de una política encaminada a derrotar a la guerrilla izquierdista que buscaba deponer a los gobiernos militares de casi tres décadas. La carretera y el cementerio ya están terminados. Faltan construirse el salón de los difuntos y algunas casas para las víctimas.
''El alcalde no nos apoyaba (para conseguir la carretera), ni el gobernador, ni los diputados ... cuando íbamos a Nebaj a pedir que viniera un carro para transportar un enfermo, nos decían: a Cocop no nos podemos meter, el camino está muy chueco'', recordó Sebastián Ramírez, de 46 años, uno de los sobrevivientes de la masacre del 16 de abril de 1981.
Hoy, la ruta entre Cocop y Nebaj, el poblado más cercano ubicado a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital, es un camino solo para vehículos todoterreno en temporada seca. Antes, ''ni motos entraban, era todo puro lodo'', aseguró María Itzep, una de los habitantes de esta localidad de unas 50 casas enclavada en las montañas del altiplano maya.
Luego de la experiencia de Cocop, el Programa Nacional de Resarcimiento recibió solicitudes de otras 27 comunidades que buscan proyectos similares de resarcimiento.
''En el imaginario de los guatemaltecos no aparece el estado asumiendo su responsabilidad por los hechos y eso tenemos que cambiarlo'', dijo el director del Programa Nacional de Resarcimiento, César Dávila. Durante los 36 años de guerra civil más de 200,000 personas murieron como consecuencia de un conflicto que enfrentó al gobierno con una guerrilla marxista.
Entre los compromisos de los acuerdos de paz, firmados en 1996, está el de reparar los daños causados a las víctimas. Antes del programa de resarcimiento integral, las víctimas o familiares de éstas recibían entre 24,000 y 44,000 quetzales (entre $3,200 y $5,800) en efectivo.
Sin embargo, ''en las comunidades donde solo se dio dinero, hasta más problemas se causaba'', porque el efectivo no era para todos y no es algo permanente, explicó Héctor Soto, antropólogo del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una organización no gubernamental que hizo la exhumación de los cadáveres en este poblado.
Los ocho millones de quetzales ($1.06 millones) destinados al resarcimiento integral, además de servir para la construcción de las obras de infraestructura, en los próximos años deberán costear también atención psicológica para los pobladores de esta comunidad como la madre de Ramírez, una mujer de 79 años que aún corre a esconderse cuando detecta la presencia de extraños.
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Una carretera de ocho kilómetros, un cementerio, un salón para honrar a los antepasados y otras obras son el primer paso de un proyecto piloto para reconciliar al estado con una población a la que agredió como parte de una política encaminada a derrotar a la guerrilla izquierdista que buscaba deponer a los gobiernos militares de casi tres décadas. La carretera y el cementerio ya están terminados. Faltan construirse el salón de los difuntos y algunas casas para las víctimas.
''El alcalde no nos apoyaba (para conseguir la carretera), ni el gobernador, ni los diputados ... cuando íbamos a Nebaj a pedir que viniera un carro para transportar un enfermo, nos decían: a Cocop no nos podemos meter, el camino está muy chueco'', recordó Sebastián Ramírez, de 46 años, uno de los sobrevivientes de la masacre del 16 de abril de 1981.
Hoy, la ruta entre Cocop y Nebaj, el poblado más cercano ubicado a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital, es un camino solo para vehículos todoterreno en temporada seca. Antes, ''ni motos entraban, era todo puro lodo'', aseguró María Itzep, una de los habitantes de esta localidad de unas 50 casas enclavada en las montañas del altiplano maya.
Luego de la experiencia de Cocop, el Programa Nacional de Resarcimiento recibió solicitudes de otras 27 comunidades que buscan proyectos similares de resarcimiento.
''En el imaginario de los guatemaltecos no aparece el estado asumiendo su responsabilidad por los hechos y eso tenemos que cambiarlo'', dijo el director del Programa Nacional de Resarcimiento, César Dávila. Durante los 36 años de guerra civil más de 200,000 personas murieron como consecuencia de un conflicto que enfrentó al gobierno con una guerrilla marxista.
Entre los compromisos de los acuerdos de paz, firmados en 1996, está el de reparar los daños causados a las víctimas. Antes del programa de resarcimiento integral, las víctimas o familiares de éstas recibían entre 24,000 y 44,000 quetzales (entre $3,200 y $5,800) en efectivo.
Sin embargo, ''en las comunidades donde solo se dio dinero, hasta más problemas se causaba'', porque el efectivo no era para todos y no es algo permanente, explicó Héctor Soto, antropólogo del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una organización no gubernamental que hizo la exhumación de los cadáveres en este poblado.
Los ocho millones de quetzales ($1.06 millones) destinados al resarcimiento integral, además de servir para la construcción de las obras de infraestructura, en los próximos años deberán costear también atención psicológica para los pobladores de esta comunidad como la madre de Ramírez, una mujer de 79 años que aún corre a esconderse cuando detecta la presencia de extraños.
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