“Llegó la hora de sentar la mano” a los que hicieron daño al Estado. Así de duro se mostró el presidente Evo Morales ayer tras promulgar la polémica Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", la misma que fue bautizada por el vicepresidente Álvaro García Linera como la “ley guillotina”, porque caerá contra todo ex y actual funcionario público que “robe un centavo del Estado”.
“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que a hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas. Si aplicamos esta norma y nos educamos, la economía seguirá creciendo porque los datos demuestran que por año se roban de 200 a 300 millones de dólares”, manifestó el Primer Mandatario en el acto especial en Palacio preparado para la ocasión.
La aprobación de la ley fue resistida por los legisladores opositores y cuestionada por cuatro ex mandatarios de la República, porque la consideran draconiana, porque no respeta las garantías constitucionales de las personas, viola tratados internacionales y sólo busca la persecución política de quienes piensan diferente al presidente Morales.
El Gobierno anunció ayer la inmediata puesta en vigencia de la nueva norma y advirtió que serán implacables en su aplicación. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció que existían investigaciones en curso contra varias ex autoridades por hechos de corrupción, a quienes alcanzará la nueva ley.
La norma se aplicará, de manera retroactiva, para autoridades actuales y ex autoridades del Estado sospechosas de corrupción, para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos. Tal y como establece la nueva Constitución, declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico", además eleva las penas hasta el máximo de 10 años de reclusión.
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